Abusos Urbanísticos No reitera que la LUV "viola el derecho comunitario"

La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) hizo ayer su primera comparecencia pública tras las resoluciones del Parlamento Europeo y de la Comisión en contra de la política y la legislación urbanísticas valencianas. Enrique Climent, vicepresidente de AUN, calificó estas noticias de "fantásticas" para los afectados y asociados después de tres años y medio de "duro trabajo". "Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", remarcó el coordinador jurídico de AUN, Jaume Sendra.

La coordinadora de afectados, que suma 30.000 socios, reiteró que, a pesar de las enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), a punto de aprobarse en las Cortes, "viola el derecho comunitario", ya que recoge la figura de la "concesión de servicios" con la que, a su juicio, el Consell pretende eludir las directivas comunitarias de contratos públicos.

La Comisión envía un informe razonado a partir del artículo 226 del Tratado de la UE

Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III y miembro del equipo jurídico de Abusos Urbanísticos No, agregó que, salvo que el texto se enmiende antes de la aprobación de la LUV el día 22 de diciembre, seguirá vulnerando la legislación comunitaria.

Sendra y el propio Hernández, se manifestaron sobre la obligación de la Generalitat de adaptarse a las directivas comunitarias, después de que el consejero Rafael Blasco culpe al Gobierno central del tirón de orejas que Bruselas ha dado al Consell. Según Sendra, la ley de contratación pública estatal cumple en esencia con las directivas europeas, si bien insistieron en que la normativa europea se considera derecho interno y debe ser observado por las administraciones central, autonómica y local.

El responsable de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, matizó ayer que las directivas europeas a las que se refiere la Comisión datan de después de la aprobación de la LRAU en 1994, e insistió en que es responsabilidad del Consell posterior, del PP, haberla adaptado a la realidad europea.

La Comisión ha decidido enviar a España un informe razonado a partir del artículo 226 del Tratado de la Unión. En su informe razonado, la Comisión considera que la concesión de programas de actuación integrada de acuerdo con la LRAU incluye contratos de obras públicas y, en algunos casos, contratos de servicios públicos que, por lo tanto, deben cumplir con las previsiones de las directivas 93/37/EEC sobre contratos de obras públicas y 92/50/EEC sobre contratos de servicios y con los principios generales del Tratado.

Estos programas son adjudicados por los ayuntamientos para la ejecución de obras de infraestructura. Las Cortes Valencianas han iniciado la tramitación de una ley para enmendar la LRAU y adaptarla a las directivas en cuestión.

La Comisión aprecia que las autoridades españolas no se han adaptado a la advertencia y que el borrador trasladado a la comisión no garantiza que se ponga fin a los incumplimientos en varios aspectos. En particular, no hay ninguna previsión en el borrador legislativo que resuelva de forma adecuada el problema del periodo de transición aplicable a la LRAU.