La política territorial del Gobierno

Las reformas de los estatutos de autonomía, y en concreto el vasco y el catalán, se han convertido en eje de la batalla política española actual. Sin embargo, la política territorial del Gobierno se ha expresado en otras muchas actuaciones guiadas por la convicción de que nuestro modelo constitucional de Estado de las autonomías tenía que dar un nuevo paso adelante para mejorar lo existente, para que los avances producidos en los últimos 25 años, y que son valorados de manera positiva por todos, se consoliden y mejoren.

La herencia con la que se encontró el actual Gobierno socialista en la cuestión territorial se resume en los siguientes trazos: finalización de las transferencias de sanidad y educación a todas las comunidades autónomas; nuevo modelo de financiación denunciado por insuficiente por casi todos los presidentes autonómicos, de manera especial en lo relativo a sanidad; plan Ibarretxe en marcha en el Parlamento vasco; ponencia para la elaboración de un nuevo Estatuto en marcha en el Parlamento catalán; anuncio de nuevas reformas estatutarias en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades.

Amplio consenso significa más apoyo del requerido por las normas estatutarias

Garantizar la igualdad, solidaridad y cohesión son asuntos que el Gobierno debe poder cumplir

En el programa electoral socialista y desde el mismo debate de investidura, el nuevo presidente hizo hincapié en un discurso territorial basado en el respeto y el diálogo entre instituciones y no en la exclusión ni en la confrontación. En su primer trimestre de mandato, todos los presidentes autonómicos fueron recibidos en La Moncloa; como ministro del ramo visité todas las autonomías más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en mis primeros 40 días en el cargo, retiramos contenciosos entre administraciones, se volvieron a reunir las comisiones mixtas de manera habitual, pactamos por unanimidad el procedimiento de participación de los Gobiernos autónomos en los consejos de ministros de la Unión Europea; se reunió, por vez primera, la Conferencia de Presidentes autonómicos y se volvió a hacer en el Senado el Debate sobre las autonomías después de más de siete años de ausencia.

A lo largo del proceso autonómico, las comunidades autónomas han tenido que ir abriéndose espacio, a veces a codazos, entre el Gobierno central y los ayuntamientos y diputaciones. Esto ha marcado una estrategia de confrontación, ya que lo importante era definir con claridad cuáles eran las competencias de cada uno y cómo podían ejercerse. En los años transcurridos podríamos decir que las relaciones institucionales han estado presididas más por la confrontación competencial que por la cooperación institucional entre comunidades autónomas y Gobierno de la nación.

El nuevo discurso territorial del Gobierno ha sido que precisamente después de las últimas e importantes transferencias, pasaba a ser más importante el cómo actuamos juntos las distintas administraciones, cómo colaboramos entre todos a partir de nuestra responsabilidad. Para ello, había que dar la vuelta a la situación y pasar a que un 60% de las relaciones institucionales estuviera centradas en la cooperación y sólo un 40% en el debate sobre competencias, inevitable en un modelo abierto como el previsto por nuestra Constitución.

El Gobierno propuso entonces un doble pacto: por un lado, poner a las instituciones a la altura de la Constitución cuando dice que las comunidades autónomas son Estado y que el principal representante del Estado en la comunidad es el presidente autonómico. Las comunidades, así entendidas, dejan de estar bajo sospecha como una molestia más o menos evitable, para cogobernar de manera conjunta con el Gobierno central muchos asuntos que afectan a la vida de los ciudadanos y para los que ninguna administración tiene todas las respuestas o toda la competencia. La necesidad de cooperar entre instituciones es el resultado inevitable de la maduración de 25 años de desarrollo autonómico. Para ello hacía falta mejorar de manera sustancial los mecanismos existentes y crear algunos espacios nuevos de encuentro y de diálogo entre autonomías y el Gobierno central, argumento que está también sustentando la necesaria reforma del Senado para evitar que nuestro sistema parlamentario nacional siga dejando fuera de su representación directa a sujetos políticos tan decisivos y nuevos como las comunidades autónomas.

Una parte importante, pues, del discurso y de la práctica territorial del Gobierno ha consistido en mejorar lo existente, perfeccionar el Estado de las autonomías desarrollado a partir de la Constitución y permitir que se incrementen los espacios de diálogo y de encuentro entre instituciones. La extensión a los ayuntamientos de esta actualización de la arquitectura institucional de nuestros poderes territoriales y del principio de cooperación explica que hayamos presentado, también, una nueva Ley de Bases del Gobierno Local, en lo que algunos han denominado el estatuto de autonomía de los ayuntamientos.

La otra parte del pacto institucional propuesto no es menos importante ni menos clara: el Gobierno central también existe, también tiene competencias que satisfacer, financiación que requerir y autonomía que defender. Garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley, así como la solidaridad y cohesión interterritorial, son dos aspectos, no menores, e irrenunciables que debe poder cumplir el Gobierno central para dar respuesta a nuestros mandatos constitucionales y coherencia al modelo global.

El carácter mismo de ese doble pacto en el cual basa el Gobierno su política territorial excluye que pueda sustentarse sólo en un acuerdo político entre los dos partidos políticos mayoritarios en la escena nacional. Se trata de profundizar en nuestro modelo constitucional con el mismo grado de consenso con el que se elaboró la Constitución, y con el concurso de instituciones autonómicas gobernadas por otras fuerzas políticas, de manera especial las formaciones nacionalistas. Por ello, si bien hay que buscar el acuerdo entre PP y PSOE, debemos favorecer también una participación más amplia e integradora de otras fuerzas políticas que, desde su representación, también han hecho democracia en nuestro país.

Las reformas estatutarias se iniciaron en la pasada legislatura. Es más, se podría decir que surgieron como reacción contra la política de confrontación desarrollada por el Gobierno anterior. El actual Gobierno se ha limitado a gestionarlas de manera coherente con su política territorial expuesta, para lo que puso dos condiciones previas para la aceptación a trámite de todos los procesos de reforma estatutaria: amplio consenso y respeto a la Constitución.

El calado de estas dos condiciones previas ha demostrado ser mucho y muy importante. Amplio consenso significa más apoyo del estrictamente requerido por las normas estatutarias para su modificación. Es evidente que el vasco cumplía esto último, pero no contaba con amplio consenso, ya que generó una fuerte división en el seno de la sociedad; como lo es que el catalán cuenta con considerable apoyo, al venir respaldado por casi el 90% del Parlamento catalán.

La segunda condición venía a reconocer que una reforma estatutaria no podía modificar la Constitución, no era el procedimiento para modificarla. Dado que, además, en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno había señalado cuatro aspectos de la Constitución que consideraba debían modificarse, y sólo cuatro, hay que entender que no considera que por motivos territoriales deban modificarse más aspectos de la Constitución que esos señalados ya.

El cumplimiento de esa condición llevó, también, a rechazar la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe, por cuanto en su artículo primero negaba la soberanía española. La soberanía no se negocia, y por ello se rechazó. El Estatuto catalán no cuestiona la soberanía nacional sino sólo aspectos de la organización y de la financiación de servicios públicos del Estado. Por eso sí es parlamentariamente negociable, discutible, transaccionable, como lo han sido estas cuestiones en los últimos 25 años de democracia autonómica.

En política territorial, por tanto, el Gobierno ha puesto en marcha su agenda de cooperación institucional entre las tres administraciones, superando los problemas e insuficiencias heredadas con el objetivo de que la España constitucional autonómica existente funcione mejor; y ha gestionado otros proyectos, distintos del suyo, como el vasco o el catalán, reconduciéndolos de acuerdo con criterios conocidos, claros y firmes.

España es de los países europeos que más crece y más empleo crea. Reparte esa mayor riqueza de manera solidaria mejorando los niveles de bienestar de sus ciudadanos. Amplía sus derechos y libertades a la vez que legaliza e integra a una inmigración necesaria. Y es visitada al año por unos 40 millones de turistas que saben que aquí están los Pirineos y no los Balcanes. A partir de ahí, debatir sobre la política territorial en España requiere voluntad de consenso entre posiciones distintas desde hace más de 200 años, en los cuales cada avance se ha conseguido con diálogo, entendimiento y sosiego, mientras que los retrocesos han venido de la mano de la intransigencia, la imposición y la intolerancia. Que cada uno ponga nombres hoy a las políticas de avance y retroceso.

Jordi Sevilla es ministro de Administraciones Públicas.