Narbona afirma que los planes valencianos harán del litoral una "muralla de cemento"

La presión urbanística se extiende en la Comunidad Valenciana y afecta ya no sólo a la primera línea de costa sino también al cordón prelitoral. Los ayuntamientos tienen encima de la mesa proyectos o nuevos planes generales en tramitación que afectan a 192 millones de metros cuadrados, con una previsión de 558.000 viviendas y 85 campos de golf -ahora sólo hay 22-. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió ayer de que si no hay moratoria, como pide el Parlamento Europeo, el litoral valenciano se convertirá en una "gran muralla de cemento".

Narbona consideró "un terrible error ambiental" no hacer caso a la petición del Parlamento Europeo, lo que podría tener "graves repercusiones económicas al significar la reducción en la calidad del turismo". Narbona aseguró en un acto de la Fundación Ingeniería y Sostenibilidad que pensar sólo en el rendimiento de urbanizar la costa a corto plazo significa tener "pan para hoy y hambre para mañana". El boom urbanístico en el litoral valenciano afecta tanto a municipios gobernados por populares como por socialistas.

El ministerio de Medio Ambiente no puede parar esos planes, que son de competencia autonómica, pero en la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada este año, se ha incorporado, según recordó ayer Narbona, la obligatoriedad de un informe de disponibilidad de agua previo antes de cualquier transformación del suelo, explicó la ministra. "Muchos de los planes urbanísticos que la Comunidad Valenciana está aprobando tienen ya un informe negativo", dijo. Narbona señaló que su ministerio ha ofrecido dinero de su presupuesto para comprar tierras del litoral y preservar "al menos algunos espacios del proceso urbanístico".

Multiplicar por 30 la población

En la Comunidad Valenciana, la presión urbanística que soporta la costa ha saltado ya a la segunda línea del litoral. Se han presentado en los ayuntamientos valencianos -con independencia de si se tramitarán todos o no- proyectos de urbanización sobre 192 millones de metros cuadrados, sobre los que se prevé construir más de medio millón de nuevas casas. Municipios de apenas 5.000 habitantes multiplicarán su población por 30 si prosperan estos planes. Organizaciones vecinales, conservacionistas e incluso los partidos de la oposición han solicitado al Gobierno autonómico, del PP, una moratoria urbanística a la vista de la vorágine constructora y del varapalo que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han dado a la legislación autonómica.

La presión sobre los recursos no es sostenible. La organización conservacionista Acció Ecologista-Agró ha calculado que para abastecer de agua todos estos proyectos -ellos elevan a 97 el número de campos de golf y a 571.000 el número de viviendas previstas- serían necesarios unos 337 hectómetros cúbicos, casi la misma cantidad (350) que hubiera aportado el derogado trasvase del Ebro a la comunidad.

San Miguel de Salinas, municipio de la Vega Baja, delimitado por los espacios naturales de la Sierra de Escalona y el parque de Las Lagunas, aprobó en 2003 de manera provisional su primer plan general de ordenación con los votos del PP y de dos grupos de independientes. Con 7.000 habitantes, este municipio plantea la reclasificación de 21 millones de metros cuadrados de suelo, con un crecimiento de la población de 150.000 personas y 50.000 nuevas viviendas. "En el peor de los casos, la cifra se elevaría hasta las 70.000 casas y los 230.000 nuevos residentes, ya que existe una reserva de suelo en el plan que está sectorizada, con viales, etcétera", explica Manuel Gómez Costa, dirigente vecinal contrario al plan. El plan general se encuentra en estos momentos a falta de aprobación definitiva por parte de la Consejería de Territorio.

Manises, en plena área metropolitana de Valencia, aprobó en diciembre de 2004 la reclasificación de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico para levantar 9.600 nuevas residencias, unas 5.000 susceptibles de ser subvencionadas. Con estas previsiones, esta localidad de 29.000 habitantes doblaría en cinco años su población, con 27.000 nuevos residentes. En esta ocasión, el Ayuntamiento, dirigido por el PP, sacó adelante el proyecto sin revisar su plan general y otorgó la urbanización del Programa de Actuación Integrada (PAI) a una sociedad mixta (Tarea) conformada en un 49% por el Instituto Valenciano de la Vivienda, de la Generalitat Valenciana, y en un 51% por el promotor Enrique Ortiz. El intento de un amplio grupo de propietarios por sacar adelante una oferta alternativa no prosperó y Tarea consiguió una adjudicación muy discutida, ya que la Consejería de Territorio que dirige Rafael Blasco es, a su vez, responsable de la aprobación definitiva del plan y socia, a través del Ivvsa, de la empresa adjudicataria. A este proyecto ha puesto objeciones la Confederación del Júcar porque no acredita el abastecimiento hídrico.

Los ayuntamientos de Cabanes y Oropesa, en Castellón, dedicarán 20 millones de metros cuadrados y una previsión de 26.000 nuevas casas en torno al proyectado parque temático de Mundo Ilusión, y el aeropuerto que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, saca adelante en un área cercana. Este proyecto, planteado sobre suelo rústico reclasificado, dispararía la población de estos dos términos municipales.