El Consell opta por ignorar la advertencia de la Comisión Europea que insta a cambiar la LUV

El Consell ha optado por ignorar la advertencia que la Comisión Europea ha hecho pública sobre la futura Ley Urbanística Valenciana (LUV) mientras concedía un plazo de tres semanas para adecuar la vigente legislación urbanística a la normativa comunitaria. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, argumentó ayer que "la Comisión no critica la LUV" porque eso sería "una intromisión" y, además, esa ley "no está aprobada". El Ejecutivo interpreta que el "ultimátum" se refiere a la vigente ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que quedará derogada al aprobar la LUV la próxima semana.

"La LUV cubrirá las expectativas de la normativa europea", aseguró el número dos del Gobierno valenciano, que argumentó que la nueva legislación "no tiene por qué afectar al sector de la construcción, ya que las reglas del juego cambian y las normas por las que se regirán serán otras, pero se adaptarán y seguirán apostando por la Comunidad Valenciana, que tiene muchos atractivos para apostar por ella".

Campos insistió en que al Consell no le preocupa "para nada" el dictamen de la Comisión Europea. El vicepresidente del Consell justificó su tranquilidad en base a dos argumentos. Primero, "los temas de contratación, del agente urbanizador o de iniciativa particular no son materia de competencia autonómica, sino estatal, por lo que ya es hora de que el Gobierno central realice algún tipo de acción o se pronuncie con seriedad sobre si va a entrar o no en esa discusión legal con la Comisión Europea". Segundo, "el ultimátum y el resultado del trabajo de la Comisión Europea y sus críticas se refieren a los planteamientos que en materia urbanística puso en marcha el PSOE".

Pese a la intención del Consell de derivar hacia los socialistas las responsabilidades por el varapalo de la Comisión Europea, los servicios jurídicos de la Generalitat empezaron ayer a analizar la situación. Así, si la Comisión denunciara la LUV ante los tribunales comunitarios, la Generalitat alegaría, previsiblemente, indefensión al entender que los órganos de la UE han seguido todos los pasos procedimentales sobre la LRAU -promulgada en 1994, un año antes de que gobernase el PP-, pero no sobre la nueva ley urbanística que se prevé aprobar en las Cortes Valencianas el próximo día 22 en un pleno extraordinario. Sin embargo, la realidad es que la Comisión ha aprovechado el requerimiento para que se derogue la LRAU para advertir a la Generalitat de que la nueva LUV, si no se corrige adecuadamente, puede emprender el mismo camino.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ayer concentró su agenda institucional en Alicante, evitó comentar las decisiones de la Unión Europea sobre los abusos urbanísticos. Fuentes de su gabinete delegaron en el consejero de Territorio, Rafael Blasco, cualquier comentario.

Por otra parte, la Plataforma contra el Plan Rabassa en Alicante valoró positivamente el acuerdo del Parlamento europeo y animó a todas las formaciones políticas a "cumplir" estas recomendaciones. Según el colectivo, la llamada de atención de Europa debe "avergonzar" a los representantes del Consell, a los que exigió que aprueben una moratoria urbanística en aquellos casos en los se pretenda recalificar suelo no urbanizable. La Plataforma entiende que los acuerdos del Parlamento europeo son "de plena y absoluta aplicación" al Plan Rabassa de Alicante, que contempla construir 15.000 viviendas, por lo que piden su "paralización inmediata".

Por otra parte, el equipo de gobierno de Benicàssim (formado por los independientes de ARB y el PP) logró ayer sacar adelante la aprobación definitiva de Benicàssim Golf con el voto a favor de la tránsfuga popular, la edil Mari Carmen Asín, informa María Fabra. La solicitud de aplazamiento apoyada por el Grupo Socialista y por Esquerra Unida, así como por un buen número de propietarios del suelo y ecologistas y basada, entre otras cosas, en la moratoria planteada por Europa, no fue aprobada por el alcalde, el independiente Manuel Llorca. Sin embargo, el inicio del pleno se demoró más de una hora, ya que Llorca sí aceptó reunirse antes de su celebración con portavoces de los grupos opositores. Sin embargo, el equipo de gobierno local ya había advertido de que la moratoria no afectaría a este PAI que supone la urbanización de 2,5 millones de metros cuadrados y la construcción de más de 2.000 viviendas, así como un campo de golf y varios hoteles.

La adjudicación de este programa al grupo Lubasa se remonta a 1999 y aún ahora los grupos de la oposición, tal como plantearon ayer tanto el PSPV como EU, mantienen sus dudas sobre la existencia de recursos hídricos y la sostenibilidad medioambiental, debido a que es una zona que los ecologistas consideran húmeda. Después de la crisis del equipo de gobierno local, que acabó con la expulsión de dos ediles del PP y la dimisión de uno de ellos, el voto de la tránsfuga que permanece en la corporación fue ayer decisivo para la aprobación definitiva de esta actuación urbanística.