LA CONSTRUCCIÓN EN EL LITORAL VALENCIANO

"No nos merecemos los políticos que tenemos"

"El desconcierto es total". Benjamín Muñoz, secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, sentenció ayer que los "emprendedores valencianos, los creadores de riqueza que generamos empleo, no nos merecemos los políticos que tenemos", que han consentido que se votara la moratoria urbanística que reclama el Parlamento Europeo en la Comunidad Valenciana y que han abocado al sector a "una noche kafkiana porque se han negado a alcanzar un pacto urbanístico y han optado por el regate corto para apuntarse tantos políticos que no benefician a nadie".

"Las leyes pueden ser buenas o malas, pero si jugamos al baloncesto no puede usted pedirme a mitad de partido que juegue al balonmano", explicó Muñoz.

"Los europeos no han entendido que la legislación española consagra la función social de la propiedad inmobiliaria y que la urbanización es una cesión de competencias municipales", según el portavoz de los promotores.

Muñoz recordó que la vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), "muy criticada por la derecha", consagra el derecho a la vivienda por encima del derecho a la propiedad inmobiliaria, "un principio del urbanismo moderno, muy elogiado, y adaptado por la mayoría de las autonomías españolas".

La LRAU tiene dos grandes virtudes, según Muñoz. Por un lado: "La figura del agente urbanizador, socio de la administración municipal, permite simultanear la obra urbanizadora y constructora". Por otro: "Permite poner en el mercado el suelo que los especuladores se resisten a vender, permite mover el suelo".

Pero también tiene un defecto esencial: "La excesiva discrecionalidad de los ayuntamientos para aprobar planes de actuación y adjudicarlos". ¿Por qué? "En un pueblo pequeño, que no tiene rotonda ni dinero para terminar el polideportivo o pagar las fiestas, es muy difícil negar dos alturas más a un promotor que plantea una gran urbanización, creen que ha llegado el maná".

"Los promotores reclamamos el reglamento de gestión de la ley desde hace años, desde que José Ramón García Antón tenía las competencias. Y fue lo primero que le pedimos a Rafael Blasco". El actual consejero planteó una nueva ley, paralela a la ordenación del territorio o la modificación de la ley de suelo no urbanizable. "Una modificación que ataca el origen del problema, porque la ley anterior permitía pequeñas construcciones sobre suelo rústico, casas de aperos que se han extendido al paellero, a una habitación, a otra, y que tiene agua y luz porque el pueblo se apiada del señor Smith, que se ha construido la casa él sólo y es tan simpático, que no paga impuestos, y que ahora reclama ante la Unión Europea porque su residencia ilegal va a ser regulada".

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