El PSPV pide el cese de Blasco, "brazo ejecutor" de la política que censura la CE

El secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, manifestó ayer que las autoridades europeas "están dando un ultimátum" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "como responsable máximo de la catastrófica política urbanística" en la Comunidad Valenciana. Burriel señaló al respecto que el jefe del Consell "debe cesar inmediatamente, en cumplimiento de su responsabilidad como presidente de la Generalitat", al consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, por ser "el brazo ejecutor de esta política censurada claramente por la Unión Europea y por la Eurocámara y que daña gravemente el interés general".

El dirigente socialista señaló que los ciudadanos, empresarios y ayuntamientos "no deben sufrir ni un día más la confusión legal y el desastre urbanístico resultado de la gestión de Blasco", a lo que añadió que Camps "no puede consentir por más tiempo una situación que perjudica al conjunto de nuestra Comunidad".

Mientras, el colectivo Acció Ecologista-Agró manifestó su "alegría por el reconocimiento del despropósito urbanístico que impera en la Comunidad Valenciana por parte de la inmensa mayoría de parlamentarios que representan a la ciudadanía europea, incluida la representación política del Estado español". La organización subrayó en un comunicado que ese reconocimiento se hizo "con la sola vergonzosa votación contraría de parlamentarios del PP" y pidió además que "continúe el envío de quejas de los ciudadanos afectados por la aplicación abusiva de la LRAU".

Moratoria

Acció Ecologista Agró pide no sólo la moratoria de las tramitaciones de los PAI hasta que se apruebe la LUV, sino la "retirada definitiva de todos los que se han presentado durante el periodo del 30 de junio de 2004 hasta ahora". También reclama la retirada de todos los proyectos urbanísticos que afectan a las zonas de influencia de los parques naturales, del catálogo de zonas húmedas y de las áreas de grado tres del Patricova. La organización ecologista reclama igualmente que se hagan públicos los informes sobre recursos hídricos de los PAI que reglamentariamente deben constar en los expedientes de los proyectos para ser aprobados por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Finalmente, Acció Ecologista-Agró exige, "por simple higiene democrática", la destitución de los responsables políticos del urbanismo valenciano, en especial del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.