Desenfreno urbanístico

Por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución que pide, entre otras cosas, una moratoria "con urgencia" en las recalificaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana para impedir los abusos antes de que entre en vigor la nueva legislación que se espera más restrictiva. Aunque la moratoria afectaría a planes en marcha para la construcción de 150.000 viviendas, las recomendaciones de la Eurocámara resultan sensatas. Lo único objetable es que el Parlamento de la UE, en un informe no vinculante, se haya pronunciado sobre la política urbanística valenciana, haciendo caso omiso del principio básico de subsidiariedad, que pide que en la Unión las decisiones se tomen al nivel más efectivo y más próximo al ciudadano. Si irregularidades hay, el camino a seguir debería haber llevado por la vía judicial hasta el Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo, no a Estrasburgo.

Las costas españolas son uno de los mejores capitales que tiene este país para atraer a un turismo esencial para la economía, aunque ésta sigue en buena parte impulsada por el sector de la construcción, por lo que la preservación del litoral y del medio ambiente debe ser una prioridad máxima para los gobiernos regionales y para el central. Ante la nueva Ley Urbana Valenciana (LUV), en tramitación, que debería estar aprobada en febrero o marzo próximos para reemplazar la obsoleta Ley Reguladora de la Actividad Urbana (LRAU) de 1994, la Generalitat tendría que haber paralizado la concesión de obras con el fin de evitar tropelías y daños difícilmente reparables. Han sido las protestas elevadas a la Cámara de Estrasburgo por 15.000 ciudadanos afectados el motivo por el que la Comisión de Peticiones puso en marcha el Informe Fourtou que finalmente llevó a esta resolución aprobada por 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones. El Partido Popular no pudo frenar ni aguar esta protesta.

La resolución habrá servido, al menos, de toque de atención, y no debería caer en saco roto. Con independencia de que vengan del Parlamento europeo, la Generalitat valenciana debería asumir las recomendaciones. Lo prudente, ante la aprobación de una nueva ley, hubiera sido una moratoria frente al desenfreno urbanístico.