El Gobierno aprueba el viernes las nuevas competencias de los altos tribunales

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes el proyecto de ley de reforma de la Administración de justicia que dotará de nuevas competencias a los tribunales superiores autonómicos y al Tribunal Supremo. El proyecto dota de fuerza vinculante a la jurisprudencia del Supremo y establece un recurso de casación para unificación de doctrina cuando un tribunal inferior se aparte de esa jurisprudencia. El Gobierno tiene previsto aprobar otros cuatro proyectos de ley relativos la justicia en las próximas semanas.

Según fuentes del Ministerio, el proyecto del Gobierno tendrá en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, aunque casi todas ellas tienen un contenido técnico que no altera sustancialmente el contenido del anteproyecto. Sin embargo, se aprobará sólo la parte que afecta a la reforma de la casación, dejando para la siguiente semana la regulación de los Consejos de Justicia autonómicos y de la justicia de proximidad.

La reforma prevé instituir la doble instancia penal mediante la ampliación de las competencias de los tribunales superiores de justicia, al tiempo que en el Tribunal Supremo se cambia la actual configuración del recurso de casación, que pasará a ser un recurso de casación para unificación de doctrina.

El proyecto trata de dar cumplimiento a las exigencias de la doble instancia penal, tal como exige el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por España, y cuyo incumplimiento ha sido reiteradamente denunciado por el Comité Derechos Humanos de la ONU. Dicha exigencia implica la revisión de todo el proceso incluido un nuevo examen de todo el material probatorio por un tribunal superior al que dicta sentencia, en vez de limitarse, como antes hacía el Supremo, a revisar la correcta aplicación de la ley y de las normas formales del proceso.

La reforma prevé que las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales puedan ser recurridas en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Asimismo, las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (en delitos de terrorismo, narcotráfico a gran escala, grandes delitos económicos, etcétera) podrán ser apeladas ante una nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Los aforados también tendrán garantizada una segunda instancia penal.

Jurisprudencia vinculante

La jurisprudencia del Tribunal Supremo tendrá fuerza vinculante y la Sala de Penal del alto tribunal le corresponderá unificar los pronunciamientos que la contradigan. También unificará los criterios contradictorios entre los diferentes tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Según fuentes jurídicas, se mantendrá la redacción del anteproyecto en la modificación del artículo 5 la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual, "los jueces y tribunales aplicarán las leyes y reglamentos de acuerdo con la interpretación uniforme y reiterada que de los mismos haya realizado el Tribunal Supremo".

Esa redacción fue alabada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, en su discurso de apertura de Tribunales, en el que dijo que el anteproyecto estaba en "sustancial sintonía" con sus postulados de que la jurisprudencia vinculante era una necesidad del Estado de Derecho. Frente a este criterio, en los escalones inferiores de la Justicia se ha venido apuntado que la jurisprudencia vinculante puede suponer un menoscabo de la independencia judicial ya que el juez sólo debe atenerse a la ley.

En el orden contencioso, se reserva al Supremo la unificación de doctrina en el enjuiciamiento de normas estatales y a los tribunales superiores, la interpretación y aplicación del ordenamiento autonómico.

En cuanto al número de asuntos que llegarán al Tribunal Supremo, fuentes de Justicia estimaron que serán inferiores a los 4.000 actuales en el orden penal y a los 15.000 que llegan procedentes de la jurisdicción contencioso administrativa.

El Gobierno llevará también al próximo Consejo de Ministros la reforma de 21 leyes orgánicas necesaria para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Según las fuentes consultadas, en las próximas semanas se examinarán por el Consejo de Ministros las leyes de Acceso a la Abogacía y la de Sociedades Profesionales.