Subvenciones

En la Comisión de las Cortes Valencianas que estudia las enmiendas a la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana saltó ayer la noticia de que el PP había rechazado con su mayoría la admisión de una enmienda del PSPV-PSOE, consistente en que las entidades privadas que pretendan acogerse al régimen de subvenciones de la Generalitat para el fomento del valenciano deben desarrollar su actividad de acuerdo con la normativa que emana de la AVL, es decir, dirigida a evitar que se beneficien de los fondos presupuestados entidades abiertamente contrarias a la institución oficial que ostenta la competencia sobre el valenciano por acuerdo de las CC VV y como fruto de un amplio consenso político, social y cultural de los valencianos.

Teniendo en cuenta que en la reforma en proceso de aprobación del nuevo EACV, el punto 8. del nuevo art. 7 dice que "La AVL es la institución normativa del idioma valenciano", y que en la ley que creó la institución ya dice que (art.4) "es la institución que tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma"; y que "las decisiones de la AVL en el ejercicio de las funciones que le corresponden, tendrán que ser observadas por todas las Instituciones de la Generalitat, por los Poderes Públicos, por el resto de las Administraciones Públicas, el sistema educativo, y los medios de comunicación, las entidades, los organismos y empresas, de titularidad pública o que cuenten con financiación pública" (art. 5), el rechazo de la enmienda de que hablamos sólo tiene dos lecturas posibles.

O bien se trata de no consignar expresamente en el presupuesto una precaución que la ley ya exige, por redundante, o bien, se trata de un lapsus que enfrenta deliberadamente la ley de presupuestos todavía por aprobar con la ley ya aprobada que despliega con detalle y contundencia la competencia en materia de lengua propia de la Generalitat Valenciana.

Quiero pensar que se trata de lo primero, es decir, de algo que sin necesidad de explicitarse va de suyo, y que de ningún modo puede implicar otorgar discrecionalidad al gobierno valenciano para conculcar la ley que desarrolla la competencia exclusiva en materia de lengua que le corresponde a la Generalitat y que apodera, a la vez, a un cuerpo colegiado la capacidad para dictar la normativa, y, con ella, claro está, una gramática, un diccionario y cuantas precisiones deban considerarse adosadas a la competencia principal.

El pacto que creó la AVL y el abanico de sus competencias llevan directamente a la circunstancia de que ninguna entidad privada o pública, ni particular, ni Administración (no necesariamente sólo autonómica) pueden hurtarse a la normativa de la AVL, y, desde luego, que la propia ley de la Academia recoja expresamente que nadie puede recibir fondos públicos para desarrollar tareas que impliquen la utilización de coinés diferentes a las aprobadas por la AVL, o, simplemente, el fomento de normas alternativas a las generadas por la institución es un correlato obligado del papel que la ley le ha encomendado.

Y voy un poco más lejos: incluso sin esperar al nuevo EACV, la AVL ya habría podido utilizar su competencia para fiscalizar la política de subvenciones de las Administraciones (valencianas o estatales) a entidades abiertamente contrarias a la normativa oficial -y única legal-, a utilizar en las Administraciones y por las entidades o personas que reciban subvenciones para el fomento del valenciano.

Vicent.franch@eresmas.net