Las instituciones elaboran un plan para acabar con las desigualdades provinciales en la atención sociosanitaria

El Gobierno, las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel han elaborado el primer plan estratégico de atención sociosanitaria que comprende el periodo 2005-2008. Se trata de una iniciativa dirigida a los más de 300.000 ciudadanos que necesitan ayuda de otra persona para realizar cualquier acto de la vida diaria y al mismo tiempo necesidades sanitarias al padecer alguna enfermedad de carácter crónico. La sanidad y los servicios sociales han vivido tradicionalmente de espaldas, muy separados en su actividad cotidiana, lo que ha causado descoordinación y ha restado efectividad a ambos sistemas.

El plan trata de cerrar esa separación y, de paso, acabar con las desigualdades territoriales que ha motivado esa incomunicación en la atención sociosanitaria, ya que cada institución ha invertido en la atención social de diferente manera en cada provincia. Por ejemplo, un residente en Álava tiene cuatro veces más posibilidades de ingresar en una residencia de ancianos que un ciudadano de las otras dos provincias, según el último informe del Ararteko.

El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, presentó ayer esta nueva estrategia junto al lehendakari, Juan José Ibarretxe. Ambos reconocieron las dificultades que han existido en el pasado y se mantienen ahora para desarrollar una política coordinada. El reparto competencial se encuentra en el origen del problema. Mientras, el Gobierno se ocupa de la sanidad y de la prestación farmacéutica, las diputaciones se encargan de la asistencia social y los ayuntamientos de los centros de acogimiento para casos de urgencia, entre otros cometidos.Ante la inexistencia de una coordinación institucional y la constatación de que el número de personas con necesidad de asistencia crece cada día, las instituciones se implicaron en esta actuación, señaló el consejero de Sanidad. "El plan", añadió Inclán, "pretende definir con claridad el modelo de atención sociosanitaria que va a funcionar en la comunidad autónoma durante los próximos años".

Entre las prioridades de este plan, además de lograr el equilibrio en la oferta de servicios en el conjunto de la comunidad autónoma, destacan las de implantar un único sistema de valoración y derivación de los usuarios en los tres territorios históricos. Se pretende así acabar con la actual dispersión, que provoca una atención diferenciada en algunos casos. Otra de las prioridades es definir una cartera de servicios sociosanitaria que incluya los parámetros básicos, niveles de atención, servicios y recursos que se deben proporcionar en cada situación.

La necesidad de mejorar los sistemas de pago también figura entre los objetivos del plan estratégico. Mientras que la atención sanitaria es una prestación universal gratuita y su financiación corre a cargo de las instituciones públicas, la asistencia social se financia a través de aportaciones públicas y de los usuarios. Se trata de conocer el índice de copago real existente en la actualidad, las deficiencias del sistema y mejorar la capacidad de financiación, "garantizando la equidad y la eficiencia". Para ello se crearán grupos de trabajo que analizarán "los puntos débiles" y realizarán propuestas sobre planes de mejora.

La elaboración de programas de apoyo a las familias que tienen ancianos y enfermos a su cargo mediante la puesta en marcha de servicios específicos de atención a los cuidadores es otra iniciativa del plan. El programa concede una especial importancia a los recursos que hay que dedicar para atender a las personas mayores y con enfermedad mental, teniendo en cuenta el volumen de estos colectivos y su impacto social.

En la actualidad, el gasto sanitario por habitante en el País Vasco es el tercero más alto de España. El porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a protección social en la comunidad es del 21%, frente al 30% que dedican otros países europeos, como es el caso de Suecia.