La iniciativa afectaría a 55 millones de metros cuadrados y 150.000 viviendas

La moratoria que proponía el Informe Fourtou a debate ayer en el Parlamento Europeo implicaría la suspensión hasta la aprobación de una nueva ley de los proyectos urbanísticos que impliquen la reclasificación de suelo rústico o no urbanizable en urbanizable, y concretamente la paralización de más de 150.000 nuevas viviendas, según fuentes oficiosas.

La Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, que dirige el popular Rafael Blasco, asegura que de aprobarse esta especie de moratoria urbanística, se verían afectadas 96 actuaciones urbanísticas repartidas a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana -26 en Alicante, 22 en Castellón y 48 en la provincia de Valencia-. La superficie reclasificada que quedaría en suspenso ascendería a 55 millones de metros cuadrados y el número de ayuntamientos valencianos afectados se elevaría a 64, según el departamento público.

La medida, una recomendación que no es vinculante para el Gobierno valenciano como ha repetido el consejero de Territorio, ya no tendría efecto sobre los 65 proyectos urbanísticos y los 20,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico que se han reclasificado desde el comienzo de esta legislatura. Otras fuentes, de carácter oficioso, amplían el efecto que tendría la puesta en práctica de una medida así a más de 80 planes urbanísticos, 94 millones de metros cuadrados y la construcción de más de 150.000 viviendas en las tres provincias valencianas. Estas cifras incluirían tanto los planes que han llegado al departamento autonómico para su aprobación como los que se han hecho públicos en los últimos meses y que no han llegado todavía al departamento de Blasco.

El Informe Fourtou debatido ayer en Estrasburgo se elaboró tras la visita de una delegación de eurodiputados del Comité de Peticiones a la Comunidad Valenciana la pasada primavera para investigar in situ unas 15.000 reclamaciones de afectados por la vigente ley urbanística valenciana.