Un crudo verano para las petroleras

El Gobierno argentino ha decidido curarse en salud, tras la experiencia de 2004, y en vísperas del verano austral ha advertido a las petroleras de que si desatienden de nuevo el abastecimiento doméstico para exportar más desempolvará una añeja ley e intervendrá su negocio. Las altas temperaturas del inminente verano austral se han trasladado a la relación del Gobierno argentino con las compañías petroleras presentes en el país. Apenas acaba de comenzar la cosecha y el Ejecutivo de Néstor Kirchner ha decidido evitar denuncias de agricultores y pequeños distribuidores de gasóleo como las registradas el año pasado, cuando acusaban a las petroleras de no suministrar todo el combustible que necesitaban porque dicha venta no es rentable para las empresas.

Repsol-YPF, que controla un 57% del mercado argentino, dice que la provisión de combustible esta garantizada por lo que respecta a su red

El Gobierno argentino ha advertido a las compañías petroleras de que aplicará una ley de 1974 de carácter intervencionista si se produce escasez. Además, el Ejecutivo ha establecido una norma para que las estaciones de servicio denuncien la falta de entregas por parte de las empresas distribuidoras.

La norma que invocó el Gobierno, la Ley de Abastecimiento, le permite, entre otras cosas, obligar a la producción, comercialización o distribución del combustible, dictar las normas sobre su comercialización y distribución y fijar precios máximos o, simplemente, congelarlos.

El precio del gasóleo en Argentina está sensiblemente por debajo de su precio internacional, lo que provoca las reticencias de agricultores y pequeños suministradores que están fuera de las grandes compañías cuando se produce escasez de combustible. Los denunciantes aseguran que las petroleras se marcan cupos de abastecimiento, y cuando la demanda los supera, simplemente no la atienden.

"Hemos tenido momentos de desabastecimiento importante el año pasado", señala Ernesto Ambrosetti, economista jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina.

Hace unos días, durante la celebración de un acto social de la compañía y en lo que debían ser unas palabras de mera cortesía, el director general de Repsol-YPF para Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique Locutura, abordó el tema y aseguró que la provisión de combustible por lo que respecta a la red de su compañía "está garantizada". Entre los invitados a la reunión se encontraba el vicepresidente de la República, Daniel Scioli. Locutura reconoció que dada la extensión del país y el número de estaciones de servicio podría haber "alguna situación puntual de desabastecimiento", pero añadió que "el conjunto" no presenta problemas.

La compañía española controla un 57% del mercado argentino, y sus relaciones con el Ejecutivo de Kirchner no han presentado dificultades durante este año, al contrario de algunas de sus competidoras en este mercado, como la anglo-holandesa Shell, que tuvo que dar marcha atrás en una subida de las gasolinas ante las críticas del presidente del Gobierno y las acciones de protesta de los piquetes.

"El suministro en la oferta de gasóleo no se adapta en tiempo y forma, y por eso hicimos la denuncia. Los funcionarios lo han constatado", subraya Javier Jayo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Argentina y La Pampa (Carbap). Jayo estima que el circuito de abastecimiento no está preparado, y advierte de que la exportación por conveniencia de precio en vez del abastecimiento a las necesidades internas merma los recursos del Estado.

Pero además de la ley, la Administración argentina ha emitido un decreto en el que anima a las estaciones de servicio a denunciar en el plazo de tres días los posibles casos de desabastecimiento, y otorga cinco días de plazo a las petroleras para explicarse. En otro punto establece un plazo de 10 días, que expiran el próximo miércoles, para que las compañías detallen los volúmenes de gasóleo vendidos por cada canal de distribución desde enero de 2003. Y aunque habla de tomar medidas en caso de incumplimiento, no establece sanciones concretas.