Voluntad e inteligencia

AL DÍA SIGUIENTE de que ETA confirmase la depuración disciplinaria de seis veteranos dirigentes encarcelados, y pocas horas antes de que la banda terrorista hiciese estallar -sin víctimas- cinco bombas de escasa potencia en los alrededores de Madrid, el presidente del Gobierno expresaba en el Congreso la esperanza de que pudieran producirse avances sustanciales hacia la paz en el País Vasco durante la actual legislatura. Sin embargo, no parece que los acontecimientos hayan marchado esta semana en esa dirección: abstracción hecha de que ETA no haya cometido ningún asesinato desde el 30 de mayo de 2003 (la cincuentena de atentados perpetrados durante ese periodo no han arrojado víctimas mortales), la expulsión de los seis líderes condenados a largas de penas de prisión (Francisco Múgica Garmendia e Ignacio Arakama Mendía, entre otros), que se habían pronunciado en agosto de 2004 a favor del abandono de la violencia, y la alarmista pirotecnia madrileña, organizada en simbólica coincidencia con el 27º aniversario constitucional, corroboran la decisión de la banda de mantener operativa su estructura armada. La perspectiva de un final dialogado de ETA -dibujada por la resolución del Congreso de los Diputados de 17 de mayo- cedería de esta forma su lugar a un fantasmagórico cruce de monólogos que la organización terrorista podría aprovechar -como ocurrió durante la tregua de 1998 y las posteriores negociaciones con el Gobierno de Aznar- para recuperarse de los golpes recibidos y reagrupar fuerzas.

Las esperanzas del presidente en la posibilidad de avances sustanciales hacia la paz en el País Vasco durante la actual legislatura quedan debilitadas por las últimas acciones terroristas

El comunicado de la banda difundido el pasado noviembre tampoco dio argumentos para robustecer las ilusiones irenistas de Zapatero: la arrogante afirmación según la cual "corresponde a la clase política española y francesa dar una respuesta positiva a la voluntad [de diálogo] mostrada por ETA en los últimos meses" invertía los papeles de los eventuales interlocutores y descargaba sobre los dos Estados -a uno y otro lado de los Pirineos- la obligación de mover ficha en esa tenebrosa partida negociadora. La organización terrorista considera que respondió ya a la declaración del Congreso de 17 de mayo de 2005 con el anuncio de que dejaba en suspenso "las acciones armadas" contra los cargos electos y los responsables políticos de los partidos españoles. ETA queda a la espera de un segundo movimiento del Gobierno de Zapatero, y también de la intervención de la "comunidad internacional" encargada de asegurar el derecho de autodeterminación no sólo del País Vasco, sino también de "otros pueblos pequeños de Europa".

La alusión a la cita hecha célebre por Antonio Gramsci sobre la compatibilidad entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia a la hora de conseguir metas a la vez deseables e improbables sólo cuadraría con las declaraciones del presidente del Gobierno a propósito del País Vasco si atendiese exclusivamente a sus contradicciones personales entre las querencias normativas esperanzadas y los razonamientos analíticos realistas; las cautelas de Zapatero sobre las dificultades de la tarea emprendida -"habrá que ir paso a paso y no será un camino de rosas"- expresarían tal vez ese difícil equilibrio.

Sin embargo, la cuestión no son las actitudes psicológicas del presidente del Gobierno ante ese dilema, sino la corrección de sus decisiones políticas, basadas sobre la privilegiada información confidencial que proporcionan primero los cuerpos de seguridad y que analiza después su único destinatario en solitario. Sin acceso a esos datos reservados o secretos, cualquier juicio sobre la fiabilidad de los datos suministrados por los servicios de información y sobre el rigor lógico, el buen sentido y el criterio prudencial de las inferencias realizadas por Zapatero acerca de una eventual disolución de ETA a corto o medio plazo resultaría aventurado; la imposibilidad de respaldar o de rechazar de manera responsable un diagnóstico político que descansa -por definición- sobre informaciones cuyo conocimiento es negado al común de los mortales, excluye tanto la fe del carbonero exigida por el presidente del Gobierno a la sociedad como el burlón escepticismo de la oposición.