Los lores y la tortura

El tribunal de los Jueces Lores, última instancia judicial de Inglaterra y Gales, declaró ayer no utilizables ante un tribunal las pruebas obtenidas bajo tortura, aunque ésta haya sido practicada en otro país y sin intervención de funcionarios del Reino Unido. Con esta decisión, calificada de "histórica" por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, se anula una anterior del Tribunal de Apelación, de agosto de 2004, por la que se rechazaba el recurso de dos personas detenidas a partir de informaciones procedentes de las declaraciones de dos presuntos miembros de Al Qaeda interrogados en la base de Guantánamo.

Aquella resolución confirmaba que los tribunales no pueden utilizar pruebas extraídas mediante tortura, pero establecía la salvedad de que no había razones para oponerse a su aceptación si habían sido obtenidas por agencias u órganos de otros Estados sobre los que el Reino Unido no ejerce ningún control. Ya entonces se hizo notar la contradicción entre tal visión y la derivada de la Convención de la ONU contra la Tortura, cuyo artículo 15 dispone que "todo Estado se asegurará" de que ninguna declaración bajo tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, sin establecer excepción en función del lugar donde se produzcan las torturas o la nacionalidad del torturador. O del torturado, cabría añadir.

La sentencia de los Lores, que obligará a la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración a investigar y eventualmente revocar decisiones anteriores, se produce 24 horas después de que Estados Unidos prohibiera expresamente los interrogatorios inhumanos, en parte al menos como consecuencia del extremo disgusto expresado por gobiernos europeos y el propio Congreso de Estados Unidos ante la sospecha de que aviones de la CIA han estado trasladando presos sospechosos de terrorismo de un país a otro, haciendo escala en diversos países europeos, entre ellos España, que podrían haber sido sometidos a esa violencia ilegal. La decisión se inscribe, por tanto, en la polémica sobre la contradicción que suponen determinadas intervenciones bélicas justificadas en nombre de la extensión de los valores de la civilización a países en los que no se respetan los derechos humanos, y la práctica del procedimiento incivilizado por antonomasia, cual es la tortura.