Coge el dinero y corre

Últimamente y aprovechando el debate suscitado en torno a la LOE, cada una de las organizaciones que componen el amplio espectro de la enseñanza privada concertada están poniendo encima de la mesa diferentes cuestiones que, aún siendo interesantes, ocultan un objetivo por lo menos curioso: esto es, quieren negociar cuestiones relativas a un ámbito que no es el suyo: el de la enseñanza pública. Por ejemplo, ¿hasta donde pueden negociar las patronales de la enseñanza privada y concertada cómo debe ofrecerse la religión en los centros públicos? ¿Qué competencia tienen para decidir los criterios y procedimientos de admisión de alumnos en los centros públicos?

Aprovechando la nula capacidad que ha demostrado el Gobierno del PSOE para liderar un proyecto de ley progresista, estas organizaciones han comenzado a poner en solfa un elemento básico a la hora de entender la función social de la educación como derecho de la ciudadanía, intentando redefinir lo que es un servicio y un bien público en parámetros de utilidad, donde lo que se mide no es el efecto de éste como elemento de cohesión social, sino en la práctica como elemento claramente discriminador en base a la tan cacareada libertad de elección de centro.

El presidente de las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi, Imanol Igeregi, haciendo un avispado ejercicio de demagogia e intentado marcar distancias con el resto de patronales de los centros privados, sobre todo los religiosos, afirmaba en el artículo publicado hace días que el problema radica en "el vetusto concepto de las redes educativas, basado en la titularidad de los centros". A renglón seguido, y pasando por Waterloo, denostaba dos siglos de debate educativo y nos mandaba directamente a copiar el modelo escandinavo donde, volviendo a mezclar conceptos que son complementarios, como titularidad y autonomía, hacer otro ejercicio de "lo mío lo mejor". Obvia Igeregi que en dicho modelo escandinavo la titularidad pública es aplastante y que, teniendo en cuenta sus características específicas (nivel socio-económico de dicha sociedad, ordenación demográfica, inversión en la enseñanza pública) donde el grado de autonomía de los centros públicos en cuanto a la gestión de los recursos es envidiable.

Mezclar el debate de la titularidad con el de la autonomía de los centros en su gestión para justificar la necesidad de la creación de un Servicio Público de Educación, en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos (a buen entendedor sobran las palabras) tengan iguales derechos y, ¿cómo no?, iguales obligaciones, son sólo una mera declaración de intenciones que, visto lo visto y en la práctica diaria se convierte en el titulo de aquella famosa película Coge el dinero y corre.