Barberá anuncia una moratoria de licencias de apertura de nuevos locales de ocio en Valencia

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció anoche "una moratoria de apertura de nuevos locales" en la ciudad que se pondrá en marcha una vez todos los implicados describan y estudien "en qué calles y zonas" se puede instalar o no un restaurante o un local de copas. Fue una de las medidas adoptadas en la intensa reunión que mantuvieron los representantes municipales, autonómicos, de los hosteleros y de los vecinos con el objeto de conciliar el ocio y el descanso. La alcaldesa prometió más policía para atajar el botellón. La moratoria exigirá un cambio de ordenanza.

Al término del encuentro de varias horas de duración, la alcaldesa se mostró "satisfecha y muy esperanzada por la voluntad de compromiso" de todos los sectores afectados para solucionar el problema. "Muy satisfecho", dijo estar también el presidente de la Federación de Hostelería valenciana, Juan Carlos Gelabert, de las medidas para "compatibilizar el ocio con el derecho al descanso". Y "muy escéptico" pero dejando "un margen de actuación" para solucionar el "consumo enloquecido de alcohol en El Carme" se manifestó el representante vecinal y de la asociación Amics del Carme, Toni Casola.

La primera medida que anunció Barberá fue "exigir el estricto cumplimiento de la ley". Una resolución que "puede parecer obvia, pero no lo es", apostilló la alcaldesa. Luego enumeró otras decisiones que no sonaban a nuevo, como la puesta en marcha de campañas de concienciación de los ciudadanos para respetar "la calidad de vida de los vecinos".

Los horarios de cierre se mantienen (3.30 para los pubs y 1.30 para bares), pero los hosteleros se comprometen a "informar a sus asociados (2.000 para un total de 3.800 locales de todo tipo en Valencia) y cumplir con las ordenanzas". Se incrementa el número de policías locales (unos 70 más, se apuntó en la reunión), y se estudiará el aumento del transporte público nocturno (EMT), añadió la alcaldesa.

Luego mencionó la moratoria de licencias, para lo que vecinos, hosteleros y la Administración trazarán una descripción de las calles de la ciudad. Barberá anotó que será necesario cambiar la ordenanza actual para aplicar la moratoria. En la reunión se dio por sentado que en El Carme la moratoria será total, si bien Casola dudó de que se establezca de manera absoluta.

Barberá incidió en que se paliará el botellón aplicando la ley sobre los conductores que monten ruido y la gente que consuma alcohol en la vía pública. "Este consumo es ilegal e ilícito", afirmó la primera edil. La policía requisará "todo" lo que sea ilegal, indicó la alcaldesa. También se comprometió a estudiar la "posible peatonalización" de calles, a sugerencia de los hosteleros.

Se habló fundamentalmente de la saturación de El Carme, principal foco de ocio de la ciudad con sus 229 locales (unos 300, según la asociación Amics del Carme), pero también de otras zonas problemáticas como la de Woody.

Casola insistió en que las medidas son insuficientes, lo que explica su "escepticismo", pero destacó como "un paso altamente positivo" la implicación de la alcaldesa y la reunión de los afectados (estuvieron presentes ocho concejales y el director general de Interior, Luis Ibáñez). Las soluciones adoptadas, "por la dimensión del problema van a quedar desbordadas", comentó. No obstante, resaltó la creación de una comisión de seguimiento mensual con todos los implicados y la adopción de "dos indicadores fundamentales" de control: los decibelios para comprobar la contaminación acústica y la cantidad de basura que se recoge en El Carme. Saludó la moratoria, al tiempo que hizo hincapié en que se mantienen las reivindicaciones de Amics del Carme, como la declaración de zona acústicamente saturada, entre otras.