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Opuestos a la síntesis

No todo cabe dentro del concepto de democracia, como es patente en las prácticas abusivas que se dan con harta frecuencia bajo el tolerante régimen democrático, pero sería admisible la noción de que la democracia en funcionamiento es el ejercicio continuo de una síntesis de las razones propias y de las razones de los demás, tanto más necesaria la síntesis cuanto más relevante sea el asunto que concierne a la ciudadanía. Por eso desazona tanto el desencuentro de razones que planea sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña. Y lo verdaderamente inquietante para la buena salud de la democracia, más que la alarma que en sectores determinados de la sociedad pueda provocar la interpretación demonizada del Estatuto, que está siendo transmitida por el círculo de creadores de opinión de la derecha, es la pérdida de eficacia de la democracia representativa en el logro de la síntesis.

Después de tanto ruido mediático, no se conoce propuesta concreta alguna del PP sobre el Estatuto

La primera cita para un intercambio formal de razones tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. La segunda se ha celebrado en el Senado en la sesión dedicada al Estado de las autonomías, ambas, pues, en la tribuna que corresponde en nuestro sistema institucional. Fue el del Congreso un buen debate, de los que reconcilian con el discurso parlamentario, pero asimétrico. No hubo un cruce transversal de razones, sino, lamentablemente, un bloque con las razones sostenidas por todos los partidos del arco parlamentario, menos uno, a favor de la admisión a trámite del proyecto de reforma presentado por el Parlamento de Cataluña, y, enfrente, un taponamiento total, una sordera artificiosa a las razones expuestas. Empecinado en su tergiversación estrella: la supuesta reforma encubierta de la Constitución, Mariano Rajoy, después de haber ignorado los argumentos jurídicos de numerosos expertos que niegan que el proyecto catalán entrañe una reforma de la Constitución, no escuchó las razones de carácter político sobre la necesidad de la reforma y la oportunidad del proyecto -pendiente de una ardua negociación de síntesis.

Todo proyecto de norma es, en principio, problemático por tener que casar intereses a menudo divergentes. Por lo tanto, no debe extrañar que un proyecto de norma estatutaria lo sea en alto grado, como corresponde a su rango jerárquico y a las materias sensibles que regula, y ello con independencia del grado de consenso en origen. A lo largo del trámite parlamentario por el que tiene que pasar el proyecto, el PP tendría ocasión de formalizar sus razones sobre la constitucionalidad de la reforma y su adecuación al interés general, la preservación de la operatividad del Estado, el modelo de financiación que se propone para Cataluña, la eficacia atendiendo al principio de subsidiariedad del sistema de competencias que detalla el proyecto, y de exponer todas cuantas otras objeciones sobre el contenido de la norma estime convenientes desde su posición ideológica y programática. Al negarse a participar de manera regular en la formación de la síntesis, el PP se autoexcluye, se margina de las reglas democráticas vigentes en un momento clave y se precipita en una huida hacia la radicalización de signo españolista.

La actitud escogida por la cúpula del PP es mucho más grave que una estrategia electoral oportunista para recuperar el poder: quiebra el funcionamiento del mecanismo de formación de la síntesis -en el fondo, es un boicoteo al sistema democrático-, además de transmitir una interpretación falaz de las consecuencias generales para España y de las particulares para los catalanes del proyecto de reforma del Estatuto. Pero en el supuesto de que sólo le guiara una estrategia electoral -eso sí que merecería la calificación de "moralmente reprobable"-, la gravedad de suactitud no se atenúa. ¿Cómo cree el PP que puede gobernar? Ahuyentando a los posibles aliados -no podrá contar con CiU durante una generación, según Artur Mas-, su única esperanza reside en alcanzar la mayoría absoluta. Un escenario poco verosímil, pero aún menos deseable puesto que supondría que la radicalización del PP habría arrastrado a una mayoría amplia del cuerpo electoral: un retroceso político de décadas. Toda alternativa de gobierno tiene que poder contar con un mínimo grado de confianza por parte de quienes no la votaron, a fin de que la cohesión civil no padezca y la estabilidad política quede garantizada. ¿Qué confianza puede inspirar una alternativa forjada sobre tales mimbres?

La derecha española se ha modernizado en las prácticas económicas en las que es tan eficiente en la apropiación de plusvalías como puedan serlo las derechas del entorno europeo, pero a penas ha evolucionado en el terreno ideológico-simbólico. Es el precio que pagamos todos por haber eludido la desfranquización. Oyendo a los locuaces voceros de la derecha política, se echa de menos la "conllevancia" orteguiana. Se conlleva lo que se reconoce, lo que tiene identidad, necesidades y exigencias, aunque no gusten, mientras que se menosprecia lo que se ignora. Después de tanto ruido mediático, de tanto sarcasmo y soflama en foro parlamentario, no se conoce propuesta concreta alguna del PP sobre el denso contenido del proyecto de reforma del Estatuto catalán, salvo su intención (de mal augurio) de reescribirlo. Y es que para la derecha española el problema no es la norma, sino que sigue siendo su destinatario: Cataluña, como en los viejos tiempos. Fatigante conclusión a estas alturas de la historia de España y de la construcción europea.

Jordi García-Petit es académico numerario de la Real Academia de Doctores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 05 de diciembre de 2005.

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