Más viviendas protegidas para más ciudadanos

La vivienda sigue ocupando uno de los primeros lugares entre las preocupaciones de los ciudadanos, según las encuestas que periódicamente se realizan. Hace años se nos intentó convencer de que viviendas de precios más elevados eran un indicador que mostraba una mayor pujanza de la economía española y de los ciudadanos en general y que, por lo tanto, no teníamos que preocuparnos. Y sin embargo no es así. Viviendas de precios más caros se han traducido en un mayor endeudamiento para su adquisición, con lo que ello trae de mayores esfuerzos por parte de los ciudadanos para poder acceder a una vivienda digna.

Por eso, hace ahora 20 meses, cuando José Luís Rodríguez Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno, una de las primeras promesas electorales que cumplió fue la creación del Ministerio de Vivienda para poder elevar el problema de la vivienda a la categoría real que tiene para los ciudadanos. Para hacernos una idea de lo que eso representa basta con dar un par de datos: los recursos con que va a contar el ministerio en 2006 para facilitar el acceso a la vivienda se elevan a 1.068 millones de euros, un 20% más que en 2005, y, sobre todo, un 57% más que en 2004, el último año en que el Partido Popular hizo unos presupuestos generales del Estado.

El plan 2005-2008 aporta soluciones para más colectivos y con diferentes necesidades

En el primer año de Gobierno el ministerio puso en marcha el Plan de Choque como un impulso a las nuevas políticas de vivienda y el reflejo de la decisión del presidente de atajar los problemas asociados al acceso a la vivienda. Por primera vez se contemplaban ayudas directas al alquiler, tanto al inquilino como al propietario. Unas ayudas muy criticadas, pero tremendamente efectivas en aquellas Comunidades Autónomas que han decidido ir de la mano con el Ministerio para impulsar el alquiler como modalidad de acceso a la vivienda. El Plan de Choque ha permitido que se materialicen ayudas para más de 183.500 viviendas protegidas en un año.

Pero el Plan de Choque fue un primer movimiento que tiene continuación ahora con el Plan de Vivienda 2005-2008, que va a suponer unos gastos del Estado superiores a los 6.800 millones de euros, la movilización de 33.000 millones de euros en créditos para la financiación de todo el plan, de forma que 720.000 familias puedan en unos años acceder a una vivienda digna y asequible a sus posibilidades económicas sin que suponga un esfuerzo excesivo para ellas.

Con la aprobación del Plan de Vivienda 2005-2008, el pasado julio, el Ministerio de Vivienda ha demostrado que se puede sacar adelante un proyecto con el respaldo de todos, no en vano en su elaboración han participado más de 60 colectivos, representantes ciudadanos y del sector inmobiliario. Un Plan que aporta soluciones específicas para más colectivos y con diferentes necesidades: jóvenes, familias con menores ingresos, rentas medias, mayores, víctimas de la violencia de género o del terrorismo, personas con discapacidad. Por primera vez se ha diseñado un programa específico para los jóvenes que contempla tanto ayudas a la compra como ayudas al alquiler.

En el Plan se contemplan dos figuras nuevas de vivienda: la destinada a los ciudadanos de rentas medias, que por su salario no pueden acceder a las viviendas protegidas tradicionales pero que por los precios de la vivienda libre tampoco pueden acceder a ellas, y la vivienda rural. Además, se ha introducido una nueva tipología de vivienda: los pisos de entre 30 y 45 metros cuadrados útiles, para alquiler a un precio claramente por debajo del mercado, y que vienen a satisfacer necesidades concretas de colectivos determinados: jóvenes que quieren emanciparse, personas solas o mayores.

El Plan de Vivienda presenta importantes diferencias con los anteriores, no sólo por la cuantía de los recursos que se van a movilizar, sino por los objetivos que se persiguen. La apuesta por el alquiler es la primera de ellas y se concreta tanto en las ayudas directas a los propietarios como a los inquilinos que se contemplan en el Plan como en la puesta en marcha de la Sociedad Pública de Alquiler, que está dinamizando y profesionalizando el sector al tiempo que genera iniciativas similares en el ámbito municipal y autonómico que se están coordinando con la propia Sociedad Pública de Alquiler.

Una segunda diferencia consiste en el decidido empeño del Plan de Vivienda por conseguir llegar a saber el destino final de todos los recursos gastados en él y por luchar contra el fraude a través de medidas como la creación del Registro Nacional de Vivienda Protegida o la obligatoriedad de creación por las comunidades autónomas de registros de demandantes de vivienda o la implantación de documentos análogos. En este sentido, una de las medidas contempladas en el Plan es la ampliación de la calificación de vivienda protegida de la vivienda a toda su vida útil, con un periodo mínimo de 30 años que las comunidades autónomas podrán ampliar. Pero al tiempo que se aumentan los controles se flexibiliza la posibilidad de transmisión de las viviendas protegidas si cambian las circunstancias personales de quienes las ocupan.

La tercera gran diferencia respecto a planes anteriores es que el actual se plantea poner en valor la ciudad existente y contribuir a crear ciudad garantizando un uso más eficiente de los recursos económicos y las infraestructuras al objeto de contribuir a proteger el patrimonio urbano y natural. La promoción y conservación del parque existente es también una de las preocupaciones del nuevo Plan de Vivienda. Por ello, facilita la adquisición de viviendas usadas, y hace especial hincapié en el fomento de la rehabilitación de edificios, especialmente en los centros urbanos, tanto en barrios degradados como en cascos históricos.

Todas estas medidas y la efectiva puesta en marcha del Plan de Vivienda (el ministerio está firmando los convenios correspondientes con las Comunidades Autónomas y las entidades financieras para que empiecen a movilizarse los recursos necesarios) tienen un único objetivo: conseguir que cada vez más ciudadanos accedan a una vivienda digna en condiciones que les suponga un menor esfuerzo medido en porcentaje de su renta disponible. Por tanto, es un Plan de Vivienda pensado desde y para los ciudadanos que cuenta con el respaldo económico suficiente: 6.822 millones de euros y el compromiso de llegar a 180.000 familias al año.

Rafael Pacheco Rubio es director general de Arquitectura y Política de Vivienda.