La ministra tiene un plan

El cambio de Gobierno creó expectativas de nuevas políticas de mayor acento social. Entre ellas, la vivienda de manera destacada. Sin duda, muchos electores, entre los que me incluyo, moderaron su voto de izquierdas en aras de la utilidad para auspiciar políticas sensibles a lo social y, por supuesto, eficaces. Cumplidos 18 meses, la acción y los planes de gobierno en el campo de la vivienda se están revelando ineficaces según todos los indicadores objetivos. El Gobierno ha tenido sin duda grandes aciertos en áreas sensibles, pero no en vivienda.

La resurrección del Ministerio de Vivienda fue un mal presagio. Cabía sospechar que se trataba de un paso atrás. A veces un paso atrás es para tomar carrera, pero no ha sido el caso.

Son las comunidades autónomas las que lograrán o no que los objetivos se cumplan

Sorprendentemente, el Gobierno tiene ministerio, pero no competencias en suelo y vivienda. Esas competencias fueron transferidas a las comunidades autónomas (CC AA) con carácter exclusivo hace veinte años. El Gobierno del PP no refrendó esa exclusividad mediante la distribución de los recursos económicos entre las CC AA, pese a las reiteradas peticiones de los Gobiernos autónomos. Se limitó a dejarse llevar por la inercia de los planes anteriores.

El actual Gobierno siente como propio el problema y quiere solucionarlo, pero seguimos como siempre con un plan cuatrienal del siglo pasado (el XX): igual para todas las obviamente diferentes comunidades autónomas.

Hace dos décadas que tenemos los mismos problemas y seguimos mareando la perdiz declarando siempre los mismos objetivos y buenos propósitos utilizados como brindis al sol que den titulares...

¿Qué tiene de nuevo este Plan de Vivienda? Nada. Todo es antiguo, desacreditado, demostradamente ineficaz. Basta una mirada rápida:

- Los precios del suelo y de la vivienda siguen subiendo.

- No se crea suficiente suelo público. La idea de una Ley del Suelo no es nueva en un Gobierno socialista. Se formuló, pero fue declarada inconstitucional precisamente por la falta de competencia aludida.

- Los promotores privados no construyen viviendas de protección oficial porque no les es rentable. Sobre todo en las grandes ciudades, donde los costes del suelo y de la construcción son ya más elevados que los máximos precios de venta de la protección oficial.

- Los promotores públicos sí construyen, porque no les queda otro remedio: han de llenar el vacío que deja el promotor privado aunque para ello se tengan que descapitalizar y soportar situaciones que en una empresa privada serían suspensiones de pagos o quiebras.

- Los precios de la Protección Oficial también van subiendo, pero así se alejan aún más de las posibilidades de los más necesitados.

- Las ayudas económicas y financieras al comprador se convierten en ayudas indirectas al promotor, que mantiene sus precios y rentabilidad.

- La ley de Arrendamientos Urbanos y su aplicación es disuasoria para los arrendadores. Por eso hay tantos pisos vacíos desde hace décadas. Hay pocos pisos de alquiler y a precios tan desmesurados que los hacen inasequibles o equivalentes a las cuotas de compra. Si los alquileres fueran sensiblemente inferiores, tal vez ayudarían a cambiar esa tendencia.

En la práctica, ¿en qué consisten las medidas de choque del Plan? Hasta ahora, la ministra de Vivienda pronuncia muchas palabras y cifras que implican promesas y compromisos cuyo cumplimiento no puede garantizar, ya que se está atribuyendo competencias que no tiene. Son las CC AA las que lograrán o no que los objetivos se cumplan, y no todas están por la labor ni con idéntico entusiasmo ¿Por qué lanzar ese bumerán y asumir ese riesgo?

¿Y, sobre todo, por qué seguimos perpetuando la cultura de la propiedad, tan arraigada en nuestro país por el franquismo? La propiedad en la protección oficial es una lotería que beneficia sólo a unos pocos, y no necesariamente a los que más lo necesitan.

Por cada vivienda social construida para la venta se podrían construir varias para alquiler, porque en éstas el coste del suelo se mantiene en el activo, no se regala. El no poder repercutir en el precio de venta el valor del suelo y los costes de la promoción es un lujo que las administraciones públicas no deberían permitirse. Ahora tenemos la oportunidad de iniciar el camino correcto, ya trazado por la mayoría de países europeos.

El derecho constitucional a la vivienda no especifica el régimen de uso. Si de verdad se pretende empezar a resolver el problema, los recursos económicos y financieros atribuidos a vivienda por el Gobierno deberían destinarse a las CC AA y a los municipios para:

- Incentivar a los promotores públicos y privados sin ánimo de lucro para construir o rehabilitar viviendas destinadas exclusivamente a alquiler.

- Conseguir un gran parque de vivienda de tránsito acorde con la demanda objetiva.

- Medir las necesidades de los distintos grupos sociales, necesidades cambiantes según las etapas de vida, para ajustar ese parque a las necesidades objetivas y no a la aspiración subjetiva de posesión vitalicia.

- Gestionar ese parque eficazmente, a través de agentes, públicos o privados, competitivos y competentes.

El Gobierno central debería además:

- Hacer atractivo el alquiler mediante medidas legislativas, fiscales y tributarias.

- Asumir una política asistencial desde Asuntos Sociales y con las CC AA, destinada a quienes se encuentren en circunstancias extremas y/o coyunturales de necesidad, sin perturbar la relación equilibrada entre oferta y demanda.

Para la distribución efectiva de esos fondos entre las CC AA deberían establecerse con ellas pactos férreos condicionados a resultados, y no a controles burocráticos centralizados, ni a cupos geográficos o poblacionales.

A la política de vivienda no le hace falta un ministerio, sino ser prioritaria en la política económica y financiera del Gobierno. Enterremos el pasado, ya somos Europa.

Teresa García Alba es ex directora general del Instituto Balear de la Vivienda (Palma) y ex consejera delegada de REGESA (Barcelona).