Los países de la UE guardarán los datos de las telecomunicaciones

Los ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco acordaron ayer que las compañías telefónicas y las operadoras de Internet retengan los datos de las comunicaciones efectuadas por sus usuarios durante un periodo que oscila entre seis y 24 meses. La medida, que se inscribe dentro de la estrategia general de reforzar los instrumentos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, deberá ser debatida y aprobada la semana que viene por el Parlamento Europeo.

Las disposiciones sobre la retención de estos datos se incluyen en una directiva que ayer aprobó el Consejo de Ministros de la UE, con los votos en contra de Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia.

Los datos de obligada retención se refieren a los números de teléfono de origen y destino de las llamadas, su duración, su localización territorial y el momento en que se haya producido. En ningún caso la información afectará al contenido de la conversación, para lo que se requiere una orden judicial en cualquier país de los Veinticinco. Los datos que se solicitarán a las compañías deberán estar relacionados con la investigación de determinados delitos graves como el terrorismo, la participación en organizaciones criminales, el tráfico de seres humanos y las violaciones, entre otros. Se trata de un total de 32 tipos de delitos incluidos en la llamada Euroorden y que permiten tramitar los procesos de extradición sin necesidad de una doble declaración judicial.

Entre las comunicaciones sobre las que las compañías tendrán la obligación de informar se incluyen también las "llamadas perdidas", que se refieren a aquéllas de las que el receptor ha tenido constancia, aunque no las haya respondido, ni rechazado, ni almacenado. No se consideran "llamadas perdidas" las que no llegan a su destino por falta de cobertura o algún otro problema técnico.

La inclusión de las llamadas perdidas había provocado una oposición abierta por parte de Alemania y Finlandia. Las compañías de estos países alegaban serias dificultades técnicas y costes muy elevados para efectuar el registro de estas comunicaciones. El acuerdo al que se ha llegado sólo exige la obligación de informar sobre las llamadas perdidas a aquellas compañías que actualmente tengan sistemas de control de las mismas, pero si en el futuro disponen de estos medios tecnológicos también deberán informar de ellas. En un principio se quería obligar a Alemania y Finlandia a que exigieran a las compañías que operaban en su país a contar con las instalaciones técnicas necesarias para retener este tipo de llamadas.

El control de las llamadas perdidas fue determinante en España para descubrir a personas implicadas en los atentados del 11-M. El ministro de Interior británico, Charles Clark, expresó ayer su satisfacción por el acuerdo alcanzado y manifestó que el control de llamadas telefónicas había sido de gran utilidad para efectuar importantes detenciones.

En relación con el coste del establecimiento de estos sistemas de retención de información también se ha adoptado un criterio flexible. Las compañías podrán obtener de sus respectivos Gobiernos una compensación económica para efectuar este tipo de retenciones. También aquí se había suscitado la polémica. En un principio se había pretendido que las compensaciones fueran efectuadas por las instituciones europeas, a lo que se opuso tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. Ahora se permite a los distintos Gobierno efectuar estos pagos.

La iniciativa de controlar las llamadas telefónicas y las comunicaciones de Internet había sido impulsada en un principio a nivel gubernamental por el Reino Unido, Francia, Suecia e Irlanda. La propuesta contaba además con el apoyo de algunos países, como España.

La Comisión Europea y la Presidencia británica consideraron oportuno posteriormente contar también con el apoyo del Parlamento para asegurarse de que esta institución no iba a recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo. Los contactos con el Parlamento aproximaron posiciones, pero recientemente la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento realizó un informe sobre el tema (que contó con 33 votos a favor y 8 en contra), pero con un enfoque muy distinto al de los Gobiernos. A pesar de ello, los presidentes de los grupos políticos del Parlamento mostraron un claro interés por aprobar la directiva, que está previsto que entre en vigor en 2007.