La hora del pacto

Afortunadamente, en unos días se cerrará el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña y se tendrá que entrar en el debate pormenorizado de las mismas.

Porque hay que subrayar que lo que ha aprobado el Parlamento de Cataluña no es una ley, sino un proyecto de ley, sobre el que tiene que pronunciarse en primera instancia la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con el concurso de una delegación del Parlamento catalán, y en segunda, esto es, en el caso de que entre ambas no lleguen a un acuerdo, las Cortes Generales siguiendo el procedimiento previsto para las leyes orgánicas. En ambos casos, la decisión final corresponde a los ciudadanos de Cataluña en referéndum.

Estamos, pues, en la hora del pacto entre Cataluña y el Estado, del que tienen que ser protagonistas las instituciones representativas de ambos. Así es porque así lo quiso el constituyente para la reforma de los estatutos de autonomía del artículo 151 de la Constitución Española, a diferencia de lo que ocurre con los estatutos del artículo 143 CE.

En estos últimos, el Parlamento de la comunidad autónoma propone y las Cortes Generales disponen, sin que esté prevista una negociación entre la comunidad autónoma y el Estado y la intervención posterior de los ciudadanos en referéndum. En los primeros no es así. La fase del pacto no puede ser obviada de la misma manera que tampoco el referéndum final de aprobación de lo pactado.

En un pacto de esta naturaleza se puede participar o se puede no participar. Pero quien no participa debe saber que puede quedar confinado en la más absoluta esterilidad. Una vez que se pone en marcha la discusión de un texto normativo en una institución representativa, quien se margina del debate, porque se margina por completo o porque participa con la intención de reventarlo y no con la de intentar llegar a acuerdos con los demás, acaba quedándose fuera de juego.

El recurso a la movilización ciudadana, mediante el ejercicio del derecho de manifestación, si no se combina con la participación en las instituciones representativas no sirve prácticamente para nada. La dirección del PP ha tenido ocasión de comprobarlo estas últimas semanas con la LOE. A pesar de que consiguió sacar a la calle a un número muy considerable de ciudadanos para protestar contra el proyecto de ley, su insistencia en no negociar el contenido del proyecto presentado por el Gobierno y en exigir la retirada del mismo le ha llevado a la peor de las situaciones posibles, tanto desde un punto de vista político como parlamentario: a convertirse en un convidado de piedra.

Tengo la impresión de que el Partido Popular va a tropezar en la misma piedra en la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma del Estatuto catalán. En un debate enmienda por enmienda del texto no vale la posición de Mariano Rajoy en el Pleno de toma de consideración de que no iba a gastar un minuto en argumentar la anticonstitucionalidad del proyecto porque es algo evidente, de la misma manera que tampoco valen insultos como el de que la reforma está tutelada por ETA. Este tipo de expresiones se vuelven contra quienes hacen uso de ellas.

De un conflicto únicamente se puede salir mediante el pacto entre los protagonistas del mismo. Es evidente que en el caso de la reforma estatutaria catalana, el PP es uno de los protagonistas y que una respuesta apropiada debería contar con su concurso.

Pero ello exige que el Partido Popular manifieste su voluntad de participar en el debate con buena fe y que no imponga para estar presente en el mismo condiciones de imposible cumplimiento para los demás. No puede exigir la retirada del proyecto de reforma estatutaria como ha exigido la retirada del proyecto de LOE. Así se consigue menos que nada. El aislamiento más absoluto.