El Consultivo sugirió que se le pidiera opinión en la retirada de competencias

El Consejo Consultivo avaló el propósito de la Junta de retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos cuando éstos incurran en casos de "grave incumplimiento" de la ley y sus decisiones afecten a la ordenación del territorio. El dictamen del órgano de asesoramiento legal del Gobierno autonómico sólo introdujo una cautela: la necesidad de que el propio Consejo Consultivo se pronunciara en el proceso previsto para despojar a los ayuntamientos de estas competencias.

La ley recogió finalmente esta recomendación de manera que el Gobierno andaluz puede adoptar esta decisión tras dar audiencia al ayuntamiento afectado; contar con un dictamen del Consejo Consultivo, que no es vinculante, y un informe favorable del Parlamento andaluz.

Este dictamen del Consejo Consultivo corresponde a la Ley de Vivienda Protegida y el Suelo, aprobada el pasado 26 de octubre. Esta ley, a su vez, modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para incluir en el artículo 31 un apartado que contempla la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, el aspecto más polémico de la norma y que la Junta ha anunciado que va a aplicar de inmediato en el caso de Marbella.

Autonomía local

El Consejo Consultivo entiende que la ley andaluza no vulnera la autonomía de los ayuntamientos y es respetuosa con la Ley de Bases del Régimen Local. El órgano de asesoramiento legal recuerda que las competencias urbanísticas han sido delegadas por la Administración autonómica a los municipios conforme "a los principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos". Y destaca que la ley andaluza sólo prevé la retirada de las competencias en los "casos de grave incumplimiento" de la normativa urbanística que "impliquen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia" de la comunidad. La ley, señala el Consejo Consultivo, "respeta el orden constitucional de distribución de competencias y la garantía institucional de la propia autonomía local".

En cuanto al proceso para despojar a los municipios de las competencias urbanísticas, el Consejo Consultivo destacó las garantías introducidas (audiencia al ayuntamiento e informe favorable del Parlamento). No obstante, el Consejo Consultivo planteó que se le pidiera un informe, no vinculante, cuando se iniciara un proceso de este tipo para hacer más garantista el proceso de retirada de competencias.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, subrayó ayer en Algeciras (Cádiz) que la retirada de competencias es plenamente constitucional, como apunta el Consejo Consultivo. El PP, sin embargo, duda de que la retirada de competencias urbanísticas sea constitucional y ha planteado que este proceso cuente con la autorización previa de los jueces.