Un mediador canalizará las quejas de los vecinos afectados por los derrumbes en Lleida

El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, ERC e ICV, ha aceptado crear la figura de un mediador para canalizar las quejas y reclamaciones más urgentes de los vecinos del centro histórico, principalmente las relacionadas con el mal estado de las viviendas, con la finalidad de evitar siniestros como el ocurrido hace dos semanas al desplomarse un edificio de cinco plantas situado en el número 60 de la calle de Cavallers.

La figura de un interlocutor fue reclamada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Barrio Antiguo para simplificar los trámites burocráticos y las denuncias que puedan presentar los vecinos cuando detecten deficiencias estructurales en sus viviendas. El consistorio tiene previsto solicitar a la Generalitat la inclusión del centro histórico en la próxima convocatoria del plan de barrios para poder culminar el proceso de rehabilitación.

A causa del estado ruinoso de muchos edificios del barrio antiguo de Lleida, en los últimos 15 días se han producido un derrumbamiento sin víctimas y dos desalojos preventivos. En este tiempo, los técnicos municipales han realizado una veintena de inspecciones y han ordenado a los propietarios de varios inmuebles realizar reparaciones urgentes. Algunos de los vecinos desalojados continúan viviendo en pensiones ofrecidas por el Ayuntamiento y otros se han quejado de que las viviendas que les han dado provisionalmente son pequeñas y no reúnen las condiciones prometidas.

El consistorio les ha recordado que la responsabilidad de buscarles otra vivienda es del propietario de los edificios declarados en ruina. El alcalde, el socialista Àngel Ros, dijo ayer que todos los pisos facilitados a las personas desalojadas reúnen mejores condiciones que los que tenían. "Por lo menos son más seguros y tienen todos los servicios", agregó.

El jefe de la oposición municipal y presidente de la Diputación, el convergente Isidre Gavín, aseguró que los problemas que tiene el Ayuntamiento para acoger en pisos de su propiedad a los vecinos afectados demuestran que el equipo de gobierno no tiene una verdadera política de asistencia social y actúa de forma improvisada.