Caldera investiga si su ministerio ha enviado mensajes anticatalanes

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha ordenado abrir una investigación para aclarar si varios funcionarios de Trabajo han utilizado el correo electrónico del ministerio para enviar mensajes que promueven el boicoteo de productos catalanes. Iniciativa per Catalunya-Verds asegura tener constancia de ese hecho y ha pedido explicaciones al Ejecutivo. Fuentes de Trabajo aseguran que, de ser cierto, se aplicará la máxima sanción posible a los trabajadores implicados.

El supuesto envío desde el Ministerio de Trabajo de mensajes anticatalanistas ha generado un profundo malestar en este departamento, aseguran fuentes del ministerio. Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), formación que integra el tripartito catalán y que apoya al Gobierno en el Parlamento español, presentó ayer en el Senado una pregunta relativa a un supuesto envío de este tipo de mensajes desde el Fondo de Garantía Salarial, dependiente del ministerio. La formación asegura que en el listado de direcciones electrónicas por las que han pasado o han sido enviado los mensajes aparecen nombres y correos de nueve personas vinculadas a ese departamento.

Pese a que el Gobierno aún no tiene constancia formal de este hecho, Jesús Caldera ordenó ayer mismo a la Inspección General de Servicios de la Administración abrir una investigación sobre el caso. Ese organismo se encarga de estudiar el comportamiento de los funcionarios públicos y decidir si se ajusta a la norma. Una investigación de ese cuerpo, especialmente si la ordena el ministro, es una de las cosas más serias que le pueden ocurrir a un funcionario en su carrera, aseguran fuentes de este departamento. Caldera está dispuesto a aplicar "la máxima sanción que permita la norma" a los trabajadores que corresponda si se demuestra que han utilizado el correo de Trabajo para propagar mensajes anticatalanistas.

Cautela

No obstante, el ministerio quiere actuar con cautela y determinar, en primer lugar, si la acusación de ICV se ajusta a la realidad. Esta formación sostiene que en los textos de los mensajes se asegura que los catalanes "están tomando el control de las mejores empresas del país", "desmiembran el Archivo de Salamanca" y "quieren anexionarse la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia".

El Consejo Empresarial de Comercio -integra a las grandes empresas distribuidoras, a la Confederación Española del Pequeño Comercio, a la Federación de Industrias de Alimentación y a CC OO y UGT- mostró su preocupación por el boicoteo y alertó sobre su incidencia en la competitividad de la industria nacional y en la posible pérdida de empleos.