Medio Ambiente demanda a Murcia por ganar terreno al mar para construir viviendas

El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno de Murcia ( PP) por permitir un complejo turístico (818 viviendas, campo de golf, playa artificial y puerto deportivo) en terreno ganado al mar, algo prohibido. La demanda incluye un informe de 1997 de los servicios jurídicos de la comunidad que advierte de la ilegalidad y que afirma que si el ministerio demandaba, la comunidad tendría que dar una cuantiosa indemnización a los promotores, entre los que estaba un alto cargo del PP regional. En 2001, los servicios jurídicos de Obras Públicas insistieron en que era ilegal. Pese a todo, la comunidad aprobó el proyecto en 2003. El Tribunal Superior de Murcia paralizó las obras cautelarmente en junio.

La empresa Puertomayor SA logró permiso para obrar un millón de metros cuadrados (un 40% ganados al mar) en 1975. Un Consejo de Ministros franquista dio cuatro años para la construcción. La empresa consiguió una prórroga en 1979. En 1982, el Gobierno de la UCD suspendió la licencia cuando la empresa pidió un nuevo aplazamiento. En 1988, el Gobierno regional (del PSOE) levantó la suspensión de la obra y meses después suspendió la licencia tras un recurso de su jefe de medio natural. Puertomayor recurrió la suspensión y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló en 1996 que la comunidad había cometido un defecto de forma al anular las obras. Esa es, muy resumida, la prehistoria de la obra.

Con la sentencia, la empresa pidió permiso para construir el complejo. El Gobierno de Murcia, ya del PP, pidió a sus servicios jurídicos un informe para ver si podía reanudar las obras. La respuesta del jefe de los servicios jurídicos y hoy presidente del Consejo Jurídico, Juan Megías, fue clara: la cesión de dominio público marítimo-terrestre (la línea de playa en la que no se puede construir) podía ser válida en 1975, pero no en ese momento. La Ley de Costas, de 1988, invalidaba la cesión.

Informe desconocido

"Esta causa de nulidad sería, muy probablemente, motivo para que la Administración del Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre, instara en algún momento la revisión de dicha resolución y, desde luego, se negaría a reconocer la propiedad privada de esos terrenos ganados al mar", señala el informe, de diciembre de 1997, y hasta ahora desconocido. El texto, firmado por dos abogados, añade que si la demanda de Medio Ambiente se produjese después de realizadas las obras "podría acarrear importantes consecuencias indemnizatorias para esta Administración", la autonómica, por ser responsable de la licencia. Además, afirma que para construir la obra hacía falta un nuevo permiso. El 31 de mayo de 2001, los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas afirmaron en otro informe que el proyecto "no estaba suficientemente definido para autorizar la reanudación de las obras" y señalaron que los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público, en los que no se puede construir.

El Gobierno regional ignoró los informes y en 2000 aprobó la declaración de impacto ambiental de las "2.155 viviendas, locales comerciales y un hotel". La declaración admite que "las obras proyectadas ocuparán una superficie aproximada de un millón de metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, limitados por dos diques de 600 y 920 metros" e incluye un muelle para 1.000 barcos. Uno de los socios de la promotora era un alto cargo del PP de Murcia, que abandonó la empresa este año.

En octubre de 2003, y pese a sus informes contrarios, la comunidad levantó la suspensión de las obras y las grúas comenzaron a trabajar: ya han ganado terreno al mar mediante dos diques. El proyecto inicial se ha reducido de 2.155 a 818 viviendas y ahora incluye un campo de golf, algo que, por sí sólo debió anular la concesión de 1975, según la demanda, pues no se puede modificar el proyecto que obtuvo la concesión. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión del gobierno de Murcia.

Los informes de los servicios jurídicos de la comunidad son la base de la demanda del ministerio contra el Gobierno que desde 1995 preside el popular Ramón Luis Valcárcel por permitir las obras. "La comunidad autónoma no hizo caso alguno a los sabios consejos de su propia dirección de servicios jurídicos", explica el abogado del Estado en su demanda, de 50 folios, y presentada el 8 de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El abogado del Estado, Juan Ramón Calero, ex líder del PP de Murcia, afirma que la comunidad ha violado el artículo 79 de la Ley de Costas, que obliga a revocar las concesiones si no se realizan las obras en el plazo previsto (en este caso, 1982), así como la ley de las Administraciones Públicas.

Medio Ambiente acusa también a la comunidad de incumplir el artículo 49 de la Ley de Costas, que obliga a tener informe favorable del Gobierno para ceder terreno público. La demanda afirma que durante años el ministerio intentó conocer el proyecto y sólo obtuvo silencio de la comunidad. La última petición antes de pedir la suspensión cautelar se produjo en octubre de 2004. Por todo, pide al tribunal que suspenda la licencia de obras y que condene al Ejecutivo regional a pagar las costas.