Uribe pide cuatro años más

Reforzando su plan de seguridad democrática y con la promesa de erradicar la pobreza y la corrupción, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, piensa ganar el voto de los ciudadanos en las elecciones del próximo 26 de mayo. Tras los cambios legales y el posterior visto bueno de la Corte Constitucional, sólo quedaba que Uribe hiciera público que optará a la reelección y lo hizo el domingo, en un mensaje de apenas tres minutos leído desde el Palacio de Gobierno.

"Más Gobierno que campaña", prometió. Será, por tanto, una campaña atípica que girará más en torno a los hechos del actual Gobierno que en las promesas. Ayer, en una especie de ajuste de cuentas, sus opositores se dedicaron a desmenuzar lo que el presidente ha cumplido y lo que no de la lista de 100 propuestas con las que llegó a la presidencia, en 2002. Su supuesta amistad o tolerancia con los grupos paramilitares, un tema que ya se agitó en su primera campaña, revivirá, sin duda, en los próximos meses.

La mejor nota la tiene en materia de seguridad. La más baja, en materia social. Otra de las cuentas pendientes de Uribe es la lucha contra la "politiquería". Sin duda es el asunto que más decepciona a sus seguidores: prometió erradicar los vicios de la política colombiana, pero él mismo los siguió aplicando para obtener en el Congreso apoyo a la posibilidad de reelección.

Las últimas encuestas muestran un descenso en la aún alta popularidad del mandatario, que ha bajado del 80% al 72%. La pobreza, la enorme diferencia entre ricos y pobres -cada día más grande-, el desempleo disfrazado muchas veces de trabajo informal y los bajos salarios son las principales quejas. Este vacío en lo social es el que pretenden llenar sus opositores.

Hay nubarrones que oscurecen la aspiración presidencial, como la fragilidad del proceso con los paramilitares: la aplicación de la ley de justicia y paz y las últimas desmovilizaciones se darán en plena campaña electoral. También puede serlo la firma del tratado de libre comercio con EE UU: si no es equitativo le quitará votos en sectores como el agrícola. Y tiene un reto inmenso: garantizar la seguridad de los candidatos. A diario hay quejas de políticos sobre intimidación por parte de los grupos armados, especialmente los paras.

Todavía no está claro quiénes serán sus rivales en las urnas. La izquierda democrática y el partido liberal -este último, uno de los dos que se han repartido el poder en este país- elegirán a sus respectivos candidatos el 12 de marzo, día de las elecciones legislativas. El partido conservador decidió, en una consulta popular el pasado domingo, que continuará apoyando a Uribe. Pero ninguno de los partidos tiene claro su norte ni tampoco la estrategia para frenar al candidato-presidente. Antanas Mockus, el matemático y filósofo que ha sido dos veces alcalde de Bogotá, será candidato independiente.

Ni siquiera los cuatro movimientos uribistas han logrado ponerse de acuerdo para acudir fortalecidos a las elecciones legislativas, comicios que son vitales para garantizar la gobernabilidad en un posible segundo periodo del presidente.

La campaña de Uribe arranca el 28 de enero y de toda la Administración sólo él y el vicepresidente, Francisco Santos -que repite como propuesta para el segundo periodo-, tienen derecho a hacer política abiertamente. A partir de ahora Uribe debe cumplir las normas que le impuso la Corte Constitucional para poder jugar su doble papel de presidente-candidato. Desde el domingo y durante seis meses no podrá transmitir en directo los consejos comunales que realiza a lo largo y ancho del país ni podrá contratar de manera directa, entre otras limitaciones. A pesar de las garantías será imposible medir dónde llega el presidente y dónde empieza el candidato.