Los cultivadores califican la reforma de "dura reconversión"

Los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG han coincidido en calificar la reforma de la OCM del azúcar aprobada ayer por los ministros de Agricultura en Bruselas como "una dura reconversión" que puede suponer el abandono de una parte muy importante de la producción remolachera azucarera en España. Los sindicatos reconocen la existencia de algunas mejoras en materia de ayudas directas sobre las propuestas planteadas inicialmente por la Comisión, así como por el establecimiento de fondos para ayudar a las zonas donde se produzcan los abandonos, pero insisten que se trata de una reforma pensada más para coger la ayuda e irse, que para seguir en la actividad.

Para el secretario general de COAG, Miguel López, se trata de una "dura reforma" que por la rebaja de los precios aprobada y las ayudas compensatorias para abandonar el cultivo, compromete el futuro del sector, con lo que ello conlleva de deterioro del tejido económico rural.

Dejar de producir

El presidente de Asaja, Pedro Barato considera que las ayudas aprobadas son una incitación a dejar de producir, a que los agricultores de los países del sur abandonen la actividad, algo que era uno de los objetivos de la comisaria en apoyo a los países del norte. Barato reconoce que con el acuerdo adoptado, a la Comisión le va a costar más dinero del previsto inicialmente reducir los excedentes de producción y que habrá nuevos fondos para el medio rural de esas zonas donde se abandone el cultivo, pero recalca que el objetivo de la Administración debería haber sido mantener la actividad.

Desde UPA se admite que se han logrado avances sobre los planteamientos iniciales, aunque la reforma se califica igualmente como una "fuerte reconversión". En la parte positiva se destaca que España ha logrado que se reconociera su precio base anterior para la remolacha de 48 euros frente a los 43,6 oficiales para el resto de la UE.

Para la industria azucarera se trata de una reforma positiva al mejorar de la propuesta de Bruselas. El PSOE estima que la reforma garantiza la viabilidad del sector y en el PP la califican como un mal acuerdo que perjudica al sector en España.