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Reportaje:30º ANIVERSARIO DEL 20-N | La herencia de la dictadura

El olvido, segunda muerte de las víctimas

Los 60.000 asesinados en zona republicana fueron honrados 40 años. Los 150.000 de la nacional aún no han tenido su oportunidad

Carlos E. Cué

Las cifras del horror franquista en la retaguardia, depuradas por el paso de las investigaciones exhaustivas de minuciosos historiadores, siguen siendo difíciles de imaginar. 100.000 asesinados en la zona nacional durante los años de la guerra, sobre todo en ese durísimo verano del 36, el del terror en caliente que esparce cadáveres por las cunetas. Otros 50.000 en la posguerra, entre 1939 y 1945. 270.000 encarcelados, más de 4.000 de ellos muertos por enfermedades en prisión. 400.000 exiliados, de los que unos 160.000 nunca volvieron, al menos con Franco vivo.

Y todo esto en un país de 26 millones de habitantes, que se dejó, incluidos los muertos en combate, unos 600.000 de ellos -lejos del famoso millón- en su guerra fratricida y la represión que la acompañó, según las cifras más recientes del libro Víctimas de la Guerra Civil (Temas de Hoy), coordinado por Santos Juliá y Morir, matar, sobrevivir (Crítica), de Julián Casanova.

Isabel lleva luchando años para que el Estado desagravie la muerte de su hermano
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Los 60.000 franquistas muertos, muchos de ellos miembros del clero, asesinados en la zona controlada por la República fueron minuciosamente contados, archivados y homenajeados. Todos están en alguna lista, porque sus familiares recibían enormes beneficios y estaban muy interesados en recordarlos. Basta acudir al cementerio de Paracuellos del Jarama (Madrid), o ver la portada de Abc del 20 de febrero de 1940 con la inauguración del camposanto para comprobar cómo se les honró.

Pero los otros 150.000 cayeron en el olvido, cuando no en el oprobio y la humillación de sus familiares. Muchos ocultaron su existencia, hasta el punto de que cuando se recobró la democracia, los ayuntamientos donde la represión había sido más dura recibieron una marea de viudas, hermanas y huérfanas -las mujeres, sobre todo, fueron y son las depositarias de la memoria histórica- que querían registrar la muerte de su familiar.

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Las asociaciones de víctimas han vivido con desesperación el paso de los años en democracia, sin recibir apenas atención. Sólo los que fueron soldados de la República o pueden demostrar que pasaron más de tres años en prisión logran mínimas pensiones.

Los familiares de los represaliados, de los enterrados en las cunetas, no han sido compensados. Desde 2000, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que preside Emilio Silva, ha exhumado los restos de 500 personas reclamadas por sus familias "sin que el Estado haya colaborado con un solo euro".

El Gobierno, cuyo presidente es nieto de un militar republicano fusilado, prometió al comienzo de la legislatura poner punto final a esta eterna historia de agravios. Y para ello creó una comisión interministerial, dirigida por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Pero más de un año después de comenzar a trabajar, y tras incumplir tres plazos que se dio a sí misma, no sólo no ha culminado su tarea, sino que ni siquiera informa, ni a la prensa ni a las asociaciones, de los planes sobre los que trabaja.

Isabel González Losada, hermana de un paseado en El Bierzo, lleva toda la vida luchando para que el Estado reconozca y desagravie el asesinato de su hermano. Ella fue, junto a Asunción Álvarez, quien forzó que se abriera la primera gran fosa en Piedrafita de Babia (León), aunque no encontró los restos de su hermano. Ahora, ya enferma, está enfadada y desilusionada: "Cada vez se echa más tierra encima de todo esto. Sólo quiero que se sepa la verdad. Nunca recibimos más que estacazos, que pregunten, que miren, que sepan cómo ha sido la vida para unos y para otros". Isabel tuvo que soportar siempre la humillación de los vecinos de su pueblo, Palacios del Sil, porque nunca renunció a sus ideas de izquierdas. Hasta hace dos años, tenía que pasar todos los días por la calle de Francisco Franco, a pesar de tener un alcalde socialista. Su tesón hizo que quitaran la placa.

"Yo tenía ilusión con Zapatero. Pero al final va a pasar igual que con Felipe González, lo va a estropear todo. Estábamos esperando algo, de una vez, fuimos allí a la Comisión, y nos escucharon, pero luego no nos han dicho nada, estamos perdiendo la paciencia, somos gente muy mayor y no podemos esperar siempre".

Isabel recuerda que el único momento real de reconocimiento, el único homenaje emotivo al que ha asistido, lo organizó la propia asociación y un pequeño ayuntamiento de izquierdas, Rivas Vaciamadrid, gobernado por José Masa, de Izquierda Unida, con apoyo del PSOE. Más de 25.000 personas siguieron un concierto dedicado a los tres centenares de abuelos republicanos sentados frente a los artistas.

"Yo tuve que tragarme decenas de homenajes a fascistas, y de los oficiales, con asistencia obligatoria. Ahora a nosotros, nada. Yo he luchado toda la vida pero no para nosotros, sino para los jóvenes. Ahora se vuelve a hablar de las dos Españas, ¿pero de verdad no saben cómo fue la nuestra, lo que tuvimos que pasar durante 40 años? Yo la verdad es que ya no tengo esperanza de nada".

Las asociaciones, igual que Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde, se quejan de la "pasividad" del Gobierno, y se lamentan de que no haya aprovechado una fecha tan simbólica como el 30 aniversario para llevar a cabo, al menos, "algún gesto".

También se quejan de que el Ejecutivo esté interesado en reconocer los horrores cometidos en la zona republicana. Silva asegura que en la Comisión han sido recibidos incluso representantes de la Falange. "Esos muertos franquistas ya tuvieron su reconocimiento durante 40 años", explica Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio; "además, los militares franquistas y republicanos, a efectos de pensión, están reconocidos al mismo nivel. El problema es la represión posterior. Algunos llevan 70 años esperando algo. A mí me llaman guerrilleros desesperados, que son muy mayores, que creen que se van a morir sin que nadie les reconozca jurídicamente, no sólo moralmente. 'Me voy a entregar', me dicen algunos en broma. Hay muchos sin pensión, gente en Cuba, en Argentina, Chile, Bélgica. El Gobierno no nos dice nada. Que esto pasara con el PP era comprensible, pero con el PSOE, no".

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