Subcontratados, explotados, irregulares y estafados

El despertador sonará el lunes a las cinco de la mañana en el domicilio de Oporto de Antonio Fernándes Da Silva, encofrador de profesión y patrón en quiebra. A sus 53 años mal llevados, la crisis económica portuguesa le ha obligado a ponerse a las órdenes de una sociedad subcontratada para la construcción de un gran centro comercial en Vigo, adonde se dirigirá con otros compañeros en una furgoneta de la empresa. Le esperan casi dos horas de viaje, otras 11 de jornada laboral, cinco días de convivencia con otros tantos obreros portugueses en un pequeño piso de la ciudad y un salario que no alcanza los 1.500 euros.

Pero Antonio está lejos de maldecir su suerte. Tras una capa de polvillo de cemento que le endurece el bigote y difumina sus facciones, se acuerda de aquellos que siguen trabajando en su país por la mitad de dinero que él gana. Y no parece importarle demasiado que los españoles que trabajan en la misma obra se lleven casi el doble. "En Portugal hay muy poco trabajo y muy poco dinero. Allí muchos obreros no pasan del salario mínimo, 374,70 euros; aquí se anda por el doble", asegura.

Los sindicatos calculan que 12.000 portugueses trabajan en España de forma irregular

Los mafiosos se quedan con un 30% del sueldo de los trabajadores, que cobran unos 496 euros

Antonio es sólo uno entre decenas de portugueses que trabajan en la obra que ya toma forma en un margen de la Gran Vía viguesa, en cuya construcción han participado hasta nueve subcontratas del país vecino. De los casi 50.000 trabajadores portugueses inscritos en la Seguridad Social española, según el Ministerio de Trabajo portugués, una gran mayoría trabaja para subcontratas del sector de la construcción. En julio pasado ese ministerio tenía registrados 48.463 emigrantes regulares, casi un 10% más que en abril anterior. Pero todo hace indicar que la cifra real, si contamos los irregulares, es bastante mayor.

En Galicia, por ejemplo, los portugueses registrados por la comunidad autónoma no superan los 5.000, pero según Javier Dongil, secretario de Acción Sindical de CC OO en esa comunidad, podrían alcanzar los 30.000, incluyendo los temporales, los que cruzan la frontera a diario para trabajar en España, contratados por empresas o intermediarios portugueses, y regresan a dormir a sus casas.

Los sindicatos lusos calculan que hay unos 12.000 portugueses trabajando de forma clandestina, sin contrato ni seguridad social, en España. "Es casi imposible cuantificarlo, pero hay zonas del norte de Portugal en las que la mayoría de la población masculina cruza la frontera cada día para trabajar", dice Albano Ribeiro, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Civil y Obras Públicas del Norte. Y, si no se hace algo rápido, la cifra seguirá creciendo: "En enero y febrero van a quedarse en la calle otros 6.000 obreros portugueses".

Explotación, abusos, comisionistas, subcontratación, peores sueldos, trabajos peligrosos, jornadas interminables... Todas estas palabras aparecen a menudo en los medios portugueses al hablar de la emigración temporal a España. Y han aparecido con mucha más fuerza a raíz del accidente de Almuñécar (Granada), el día 7.

"No es casualidad que, de seis muertos, cinco fueran portugueses", dice Ribeiro, que tras un periplo por España en marzo pasado, visitando los cientos de obras donde trabajan portugueses, ha denunciado la situación generalizada de irregularidad, precariedad, subcontratación concatenada, estafa, evasión fiscal, siniestralidad y muerte que se vive en el sector.

Ribeiro explica cómo funciona ese submundo en el que vive "al menos el 60% de los 20.000 obreros temporales" que trabajan desde hace dos años en España, a raíz del a crisis portuguesa del ladrillo: "Las mafias de engajadores (comisionistas) los contratan aquí por el mismo precio que si fueran a trabajar en Portugal, pero con el reclamo de mejores salarios. Cada engajador tiene centenares de trabajadores a su cargo; y a cada uno le retienen en torno al 30% del salario, en concepto de costos de traslado y manutención. Ellos mismos se encargan de cobrar a las empresas españolas, que pagan en realidad salarios muy parecidos a los españoles, y luego reparten el dinero a los trabajadores". Descontada la mordida, a esos trabajadores les suele quedar a fin de mes, según los sindicatos, poco más del salario sectorial portugués, que es de 496 euros. "Un trabajador español que esté ocho horas y cinco días a la semana en el andamio gana 1.400 euros. Los portugueses tienen que trabajar 12 horas diarias y los sábados para ganar lo mismo", afirma Ribeiro. Muchos trabajan de sol a sol, en lugares peligrosos y haciendo tareas para las que no siempre están capacitados.

Esas redes mafiosas "no tienen sede ni oficina, ni registro legal, ni inmovilizados, ni hacen declaración de Hacienda". Según el sindicato levantan "inmensas fortunas en muy poco tiempo" y operan entre España, Francia y Portugal. "Cuando tienen problemas con algún patrón, trasladan a los obreros a otro país", subraya. Pero, a pesar de ser fantasmas, los engajadores son muy fáciles de detectar, afirma Albano Ribeiro. "Sería muy fácil para la policía detenerlos", asegura.

El dirigente sindicalista cree que todo esto es un reflejo de la ilegalidad en la que campa el sector luso de la construcción: "De las 20.000 empresas de la construcción de raíz y a las obras, la mitad no cumple sus obligaciones legales".

Si tras el accidente de Granada el Ministerio de Exteriores portugués dejó caer la duda sobre la Douro Montemuro (que finalmente no era una de estas empresas fantasma, en apariencia tiene todos los papeles en regla) es porque sabe que esas redes de comisionistas, existen hace tiempo. "Creemos que trabajan sobre todo para particulares, en el campo, las vendimias y la construcción", admite Enrique Villar, responsable de la Consejería de Trabajo de la Embajada de España en Lisboa, que niega que contratar con engajadores sea "una práctica sistemática de los empresarios españoles".

Esa actividad, la intermediación laboral con fines de lucro, está prohibida por la Ley 45/99. Según esa ley, las empresas que desplazan mano de obra están obligadas a comunicar la llegada de los trabajadores a las autoridades laborales de la comunidad donde vayan a operar y deben respetar las tablas salariales, las regulaciones de seguridad, horas extras...

El problema, dice José Caballero, es que las inspecciones de trabajo no suelen llegar a comprobar nada de eso "si el empresario antes no comunica que hay alguien trabajando, es imposible que llegue la inspección". Aunque cuando llega tampoco parece servir de mucho. Incluso en obras tan públicas como la de Almuñécar se hacían jornadas demasiado largas como para que el trabajo no se convirtiera en un riesgo. Villar recuerda que existe una comisión conjunta de los ministerios de Trabajo de España y Portugal que analiza este fenómeno al menos una vez al año. La última reunión se produjo en mayo. Y ayer, los ministros de Trabajo de ambos países abordaron este tema en la cumbre de Évora.

A sus 30 años, Paulo Costa pasó por todo tipo de obras en Madrid, Barcelona, León, Tenerife y Toledo. Ahora, en Vigo, se siente afortunado porque puede pasar los fines de semana con su familia y porque su trabajo, de instalador de pavimentos, no entraña los riesgos de otros compatriotas. Eso sí: "Dos horas diarias más de trabajo que los españoles no me las quita nadie", garantiza. Él anda por las nueve, "lo normal".