Aguas el Júcar dice que regantes del Vinalopó le adeudan 2,6 millones
El PSPV y el PP cruzan descalificaciones tras las declaraciones de García Antón
Un informe de Aguas del Júcar, SA, estima en algo más de 2,6 millones de euros la deuda económica que tiene contraída con la sociedad estatal la Junta de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y la Marina Baja por los trabajos acometidos del trasvase Júcar-Vinalopó. Ajusa decidió el pasado 30 de septiembre resolver el convenio con los usuarios porque éstos no pagaban los anticipos a cuenta pactados en 2001 en el citado acuerdo.
La sociedad entiende la deuda plenamente exigible a la Junta Central de Usuarios
Los usuarios se comprometieron en el convenio suscrito en 2001 con el gobierno a aportar el 33% del coste del trasvase (el resto lo sufragan el Estado y la Unión Europea) con 75 millones de euros. Sin embargo, con el 41% de la obra hecha y una inversión de más de 120 millones de euros, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, sólo ha desembolsado unos 18.782,51 euros. Tras varios requerimientos, Ajusa canceló el pasado 30 de septiembre el convenio.
Ahora, un informe de Aguas del Júcar, al que ha tenido acceso este diario, estima en 2,68 millones de euros el perjuicio económico que estos impagos han causado a la sociedad estatal. Según el documento, Ajusa ha adelantado de sus fondos propios los anticipos a cuenta que les correspondía pagar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, lo que le ha provocado un coste financiero de 926.675 euros, "que entendemos plenamente exigibles a los usuarios", dice el informe, y que permanecerá en el activo del balance de Ajusa como un derecho de cobro. La sociedad estudia incluso la reclamación judicial si no se cancela la deuda.
La segunda reclamación a la Junta Central de Usuarios se refiere a los gastos de gestión -punto recogido en la cláusula primera del convenio rescindido-. Ajusa, prosigue el informe, ha facturado por este concepto 1,76 millones de euros como revisión de precios y redacción de estudios.
Por otro lado, la denuncia hecha el jueves por el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, que responsabilizó al Gobierno central de retrasar la modernización de los regadíos valencianos, fue contestada ayer por los socialistas. El secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes dijo que las declaraciones de García Antón son "excusas para justificar los reiterados incumplimientos en las obras de modernización de regadíos" de la Acequia Real del Júcar. "Si no han cumplido su compromiso es porque no tienen un euro", dijo Signes. El socialista pidió al consejero de Infraestructuras "que deje de mentir y haga de una vez sus deberes" y recordó que en cuatro años de vigencia del convenio -suscrito en 2001 por la Generalitat y los regantes-, "[la Generalitat] sólo ha hecho tres sectores de los 45 que tiene la Acequia Real". El portavoz de Agricultura socialista en las Cortes, Antoni Lozano, consideró "inaceptable" que un consejero "ataque a los regantes ante su propia incompetencia, cuando éstos siempre se han caracterizado por su colaboración con el Gobierno para solucionar los problemas del agua", señaló.
Verónica Marcos, diputada del Grupo Popular, aseguró que la Comunidad Valenciana dispone de riego localizado en el 50% del regadío, mientras en España sólo existe un 8%.
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