Esquerra y el PSC pactan que la futura Oficina Antifraude dependa del Parlament

Los tres partidos del Gobierno de la Generalitat pusieron fin ayer a su larga disputa sobre si la futura Oficina Antifraude debía depender del Departamento de Presidencia, como quería ERC, o del Parlament, como quería el PSC. Dependerá del Parlament, y se relacionará con el Gobierno a través del Departamento de Presidencia, al que periódicamente remitirá sus informes. El PSC hizo "el gesto" de retirar las enmiendas que había presentado al proyecto para limitar la intervención de Presidencia en la Oficina y ERC lo aceptó a cambio de adscribirla al Parlament.

La creación de la Oficina Antifraude es uno de los compromisos del programa de Gobierno de la izquierda catalana. Pretende ser un instrumento para dar las máximas garantías de honestidad y transparencia en el manejo del dinero de los contribuyentes. Los firmantes del Pacto del Tinell quisieron convertir desde el primer día esta propuesta en un elemento de contraste con la larga etapa de gobiernos de CiU y en particular con su última legislatura, en la que quedaron por investigar, y aclarar, una serie de acusaciones de presuntas irregularidades.

El acuerdo alcanzado ayer se materializará en la presentación de una serie de enmiendas conjuntas de los tres grupos parlamentarios de la izquierda, que sustituirán a una parte de las que el PSC ha presentado al proyecto de ley.

Estas enmiendas concretarán la relación entre la Oficina Antifraude y el Departamento de Presidencia. Los desacuerdos entre el PSC y ERC, de los que eran expresión las enmiendas presentadas por los socialistas, se centraban en la capacidad de iniciativa e intervención del Departamento de Presidencia, del que es titular el republicano Josep Bargalló, sobre la futura Oficina Antifraude.

Los socialistas temían que sus socios convirtieran la oficina en un instrumento de fiscalización sobre los municipios que gobiernan, en particular los del área metropolitana de Barcelona, en los que ERC aspiran a recortar el predominio del PSC.

El acuerdo fue alcanzado ayer por la tarde por los tres portavoces parlamentarios, Miquel Iceta (PSC), Joan Ridao (ERC) y Joan Boada (Iniciativa Verds), que por la mañana habían tenido una sesión de trabajo con el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura. Consiste en adscribir la Oficina al Parlament, en la misma forma en que lo está, por ejemplo, el Síndic de Greuges, y en canalizar su relación con el Gobierno a través del Departamento de Presidencia.

La otra pata del acuerdo es que la Oficina Antifraude ejercerá su función fiscalizadora sobre la Administración de la Generalitat y sobre la Administración local; es decir, los ayuntamientos, las diputaciones y los consejos comarcales. El Departamento de Presidencia será el encargado de proponer al director de la Oficina Antifraude, que será designado por el Parlament con una votación que debe tener una mayoría de tres quintas partes de los diputados (81 votos). Esto significa que el acuerdo parlamentario sólo puede ser alcanzado con la participación de los tres grupos de la izquierda, que suman 74 escaños, más alguno de los dos de la oposición.

El diputado de CiU Lluís Corominas acogió favorablemente la decisión del tripartito de adscribir la Oficina al Parlament, lo que abre la vía para que su grupo parlamentario la apoye, porque hasta ahora se había opuesto a que dependiera del Gobierno. Corominas declaró a Efe que el apoyo de CiU al proyecto dependerá de si las enmiendas conjuntas anunciadas ayer por el tripartito garantizan efectivamente la independencia de la oficina respecto del Gobierno.