Vivienda descubre 390 fraudes que ya han prescrito

La inspección iniciada el pasado año en las viviendas de protección oficial en el País Vasco ha destapado 390 casos de fraude que no podrán ser sancionados ya que ha prescrito la infracción. La mayoría de estas irregularidades se registraron a finales de los 80 y en los primeros años de la década de los 90, según los datos aportados ayer en Bilbao por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo.

El departamento aún no ha concluido las tareas de inspección previstas sobre 7.728 casas dentro de la primera fase de investigación de los pisos protegidos, que se espera terminar en seis meses. Según los datos obtenidos hasta ahora, el fraude alcanza al 8% del parque de viviendas protegidas, que totaliza 44.000 pisos. Madrazo precisó que, entre las inspeccionadas, se han incoado 78 expedientes sancionadores, pero cuando termine esta primera fase se calcula que alcanzarán los 200. A ellos se suman otros 386 con serios visos de anomalías, pero en los que los servicios jurídicos del Ejecutivo no han hallado indicios suficientes para denunciarlos.

Uno de los datos más significativos son los 390 casos ya prescritos al haber transcurrido tres años desde que se cometió la infracción, lo que el consjero reconoció que resulta "lamentable". "Si hubiera habido un sistema de inspección como el que hemos implantado, se podrían haber sancionado", justificó.

Madrazo aseguró que hasta el pasado año sólo se actuaba tras una denuncia. Ahora, además del personal de las delegaciones de Vivienda, existe una plantilla de siete inspectores que trabajan "a pie de calle". "Nos hemos propuesto lograr el fraude cero", recalcó. La investigación indica que casi la mitad de las irregularidades (el 44%) responde a la desocupación de la casa. Un 23,7% de los fraudes se debe a la venta irregular de la vivienda protegida; otro 23,4%, a alquileres ilegales y el 8,9%, a "concesiones en precario no autorizadas, sobre todo a familiares", precisó.

El consejero destacó que el fraude se duplica en las viviendas protegidas de promoción privada, donde alcanza el 18% frente a la media del 8%, por lo que calificó de "muy importante" la política de adjudicar todos los pisos protegidos por sorteo, lo que "ataja y erradica el fraude".

Madrazo agregó que el periodo 1985-1989 es el que registra "más indicios de irregularidades de toda la historia" de los pisos protegidos, cuando el fraude alcanzó casi el 22%. Además, hay mayores anomalías en los pisos protegidos vendidos (18%), que en los de alquiler (8%), mientras que en las viviendas sociales alquiladas las irregularidades bajan al 5%.

El titular de Vivienda señaló que el propósito, una vez acabada esta primera fase, es inspeccionar 6.000 pisos protegidos al año para que todo el parque esté investigado en cinco años.