Interior ha bloqueado 500.000 euros de fondos vinculados a la red de Al Qaeda

La policía y la Guardia Civil mantienen abiertas 85 líneas de investigación diferentes para intentar cortar las vías de financiación terroristas tanto de ETA como de grupos islamistas radicales relacionados con Al Qaeda. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ofreció este dato durante su participación en un seminario sobre financiación del terrorismo, pero rehusó ir más lejos. Poco antes, el embajador de EE UU en España, Eduardo Aguirre, reveló que España ha bloqueado fondos de Al Qaeda por valor de 500.000 euros, casi el coste total de los atentados del 11-S.

Alonso y Aguirre participaron en un seminario sobre financiación del terrorismo, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Universidad Rey Juan Carlos y el Real Instituto Elcano.

El embajador Aguirre subrayó la "magnífica colaboración antiterrorista entre España y Estados Unidos", que ha llevado al envío a España de un agente del FBI para investigar junto a las autoridades españolas las fuentes de financiación terrorista. "Juntos ya hemos hecho imposible que los terroristas puedan organizar milicias como las que un día montó Osama Bin Laden en Afganistán", añadió. "Ahora se vislumbra una Al Qaeda más descentralizada y con un presupuesto más reducido", puntualizó.

Para avalar esta afirmación, aseguró que los servicios secretos de Estados Unidos en Irak disponen de informes en los que el jordano Abu Musab Al Zarqawi, el hombre que aterroriza a las fuerzas de ocupación, se queja de sus dificultades financieras. "Ha dicho que se está quedando sin fuentes de financiación y que ahora es prácticamente imposible cruzar fronteras con dinero en metálico", precisó.

El embajador elogió a España por haber bloqueado 500.000 euros de fondos de Al Qaeda. "Puede parecer una cantidad pequeña, pero los atentados del 11 de septiembre [en Estados Unidos] se financiaron con una cantidad inferior a los 500.000 dólares", explicó.

El ministro del Interior relató cómo los tentáculos terroristas islamistas en España se han aprovechado para su financiación de las redes de delincuentes, especialmente ladrones, narcotraficantes y personas especializadas en el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Tras relatar que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía mantienen abiertas 85 líneas de investigación sobre las finanzas terroristas, aseguró que estas pesquisas harán necesario que los terroristas "se arriesguen más y tengan que acudir a métodos de financiación más difíciles".

Alonso rechazó precisar cuántas investigaciones se referían a los dineros de ETA y cuántas al terrorismo islamista. Únicamente añadió que algunas de ellas tienen ramificaciones en otros países y que requieren de la colaboración internacional. "Se trata de investigaciones muy serias con las que estamos dando una buena respuesta" al terrorismo, señaló antes de anunciar la inminente aprobación y puesta en marcha de la comisión de vigilancia para la prevención y el bloqueo de las fuentes de financiación del terrorismo.

La línea financiera fue también abordada por el comisario general de Información de la policía española, Telesforo Rubio, quien ofreció detalles sobre los costes de los atentados del 11 de marzo. Según los informes policiales, fueron entre 41.000 y 54.000 euros, aunque se elevan a 106.000 euros si se suma el hachís que supuestamente sirvió para pagar los explosivos. El comando llegó a reunir hasta 1,6 millones de euros en drogas como una especie de "caja de resistencia". Es decir, el 11-M costó casi un 80% menos que el 11-S.

En el seminario intervino también Mikel Buesa, catedrático de Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien diseccionó las finanzas de ETA y su entorno en el periodo comprendido entre 1993 y 2002. Según sus cálculos, dicho entramado recibió en ese lapso un promedio anual de 23,6 millones de euros de distintas fuentes de financiación, con los que ha causado unas pérdidas productivas al País Vasco en esos años de 8.310 millones de euros. "El 55,3% de los recursos de este entramado proceden de subvenciones públicas y el 21,7 de la extorsión", dijo. "Por eso ha sido tan importante la ilegalización de Batasuna", sentenció.