Trayecto de la OPA

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido autorizar los términos financieros de la OPA de Gas Natural sobre Endesa bajo una serie de condiciones. Con ello, la CNE entiende que la operación es viable desde un punto de vista financiero y que no pone en peligro las actividades reguladas del mercado eléctrico. En este sentido, las 10 condiciones impuestas parecen un ejercicio de redundancia, puesto que es la Comisión la que debe determinar que se mantiene la relación del servicio de la deuda sobre el beneficio o los compromisos de inversión de Endesa, por citar dos de ellas, para dar el visto bueno a la operación. Una interpretación benevolente insistiría en que se trata de un ejercicio de transparencia, para que mercados y consumidores estén seguros de que se han tenido en cuenta todos los riesgos de la OPA; una más severa haría más hincapié en el hecho de que las condiciones explícitas permiten una exigencia continua de que se cumplan o en la advertencia de que la OPA se puede reconsiderar si las autoridades de competencia lo consideran necesario.

Estas consideraciones bastarían para entender que la Comisión ha actuado con prudencia, puesto que señala claramente las pautas inexcusables que deben respetarse, sin negligencias y sin dogmatismos. Sería útil que los recursos que se anuncian contra la decisión de la CNE o las críticas de los partidos políticos contrarios a la operación se volcaran en debatir los criterios técnicos o financieros de la decisión del regulador. De momento, sin embargo, las reacciones se han orientado más hacia la división de los consejeros de la CNE entre los nombrados por el Gobierno actual y los que lo fueron por el anterior, como si tal circunstancia no fuera inevitable dado el grado de animadversión contra la OPA instado desde el PP.

No había razones financieras para obstaculizar la OPA, y la CNE así lo ha constatado. Cosa distinta es si pondrá en riesgo la escasa competencia actual del mercado eléctrico y cómo podría subsanarse el problema. Sobre este punto, el primer pronunciamiento de la Dirección General de la Competencia sugiere que existen riesgos de excesiva concentración o monopolio de la distribución de gas y electricidad en cinco mercados regionales. Si esta primera impresión se confirma en los informes finales, Gas Natural quizá tenga que renunciar a importantes activos y beneficios con los que contaba en el momento de lanzar su OPA.

Antes que poner en cuestión la independencia de los reguladores con vagas aprensiones políticas, quienes se oponen a la OPA deberían considerar los trámites y cautelas institucionales que garantizan una decisión correcta; y los defensores harán bien en tener en cuenta que la decisión favorable de la CNE es sólo el primer paso y probablemente el más fácil.