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El Tribunal de Cuentas censura a Guipúzcoa por subvencionar con 9 millones a la Real

El Gobierno foral discrepa "radicalmente" y sostiene que la subvención fue legal

Mikel Ormazabal

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha vuelto a dar otro varapalo a la Diputación de Guipúzcoa por su decisión de conceder en abril de 2003 una subvención de nueve millones de euros a la Real Sociedad para financiar las obras de ampliación de la ciudad deportiva de Zubieta XXI. Su último informe auditor, referido a ese año y hecho público ayer, concluye que la elevada ayuda económica incumple la normativa referida a subvenciones, fue otorgada sin consignación presupuestaria y mediante un procedimiento irregular.

El tribunal ya censuró en un informe anterior el acuerdo del Consejo de Diputados, de 27 de diciembre de 2002, por el que se habilitaba la subvención al club donostiarra.El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Diputación guipuzcoana de 2003 señala que la institución foral cumplió "razonablemente la normativa legal", aunque aprecia "salvedades puntuales" tras analizar "pormenorizadamente" las dos subvenciones por un importe total de 11,4 millones de euros concedidas a la Real Sociedad para construir el centro de tecnificación de fútbol de Guipúzcoa, ubicado en las instalaciones que el club posee en Zubieta.

La institución foral estaba presidida ese año por el peneuvista Román Sudupe, y la Real, por José Luis Astiazarán, quien, pese a las ayudas forales, acabó su mandato al frente del club en junio pasado dejando las cuentas con un déficit cifrado en 30,9 millones.

El principal órgano auditor vasco considera que hubo irregularidades en la concesión de dicha ayuda. Se detiene especialmente en un acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 8 de abril de 2003, por el que se autorizó pagar una subvención a favor de la Real de nueve millones de euros. Esta cantidad, asegura el tribunal, se añade a los otros 2,4 millones que se concedieron un año antes con la misma finalidad, aunque entonces el pago de la subvención fue aprobado por las Juntas Generales mediante la norma foral 19/2001.

"Sin consignación"

El informe considera que el acuerdo del Consejo de Diputados supone "una alteración sustancial" de la citada norma foral, dado que se pasa de subvencionar el 35% del coste de las obras adjudicadas a financiar el 100%. "La subvención debió haberse tramitado como proyecto de norma foral en Juntas", asegura el tribunal.

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Entre las anomalías encontradas, se cita que en el momento de hacer efectivo el pago de la subvención "no había consignación presupuestaria", puesto que la incorporación del crédito al presupuesto prorrogado se aprobó una semana después.

El informe hace constar que la entrega efectiva del 100% de la ayuda económica se realiza el mismo día en que la Diputación y la Real suscriben un convenio para financiar con nueve millones las obras de Zubieta, unas instalaciones de titularidad privada. El órgano fiscalizador considera que abonar la cantidad en el momento de firmarse el convenio "incumple la normativa vigente en materia de subvenciones", que establece que los pagos deben realizarse "una vez acreditada la ejecución de las obras", que finalizaron en abril de 2004.

El tribunal sostiene que el citado convenio no incluye ninguna obligación por parte de la Real de rendir cuentas ante la Diputación, aunque así hubiera sido "recomendable" dada "la importancia cuantitativa de la subvención concedida". Además, el club blanquiazul contabilizó los nueve millones como ingresos de explotación, cuando debió registrarlos en el pasivo del balance.

La Diputación hace constar en el apartado de alegaciones que gestionó la subvención "respetando la normativa vigente en sus aspectos esenciales". Un representante del actual Gobierno foral aseguró ayer que la Diputación "discrepa radicalmente del juicio emitido por el Tribunal de Cuentas", como se pone de manifiesto en las alegaciones presentadas al informe. Y concluyó: "No porque [el tribunal] repita lo mismo cien veces se convierte en verdad".

Los reproches del tribunal a la actuación de la Diputación guipuzcoana son coherentes con los que emitió el año pasado contra la ayuda de seis millones que la de Vizcaya concedió al Athletic también bajo la fórmula de un convenio.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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