Once meses de prisión a un empresario que no corrigió defectos de seguridad laboral en su fábrica

Once meses de prisión y una multa de 4.200 euros es la condena impuesta por el titular del Juzgado de Lo Penal número tres de Valencia a un empresario que incumplió la Ley de Riesgos Laborales y desoyó los requerimientos de los inspectores de trabajo. No hubo accidentes, nadie perdió la vida, pero la situación de riesgo era tal que los propios empleados alertaron a la inspección y ésta a la Fiscalía. Las diligencias penales que abrió el fiscal de Riesgos Laborales Jaime Gil desembocaron en la condena. Mientras tanto, la fábrica despidió a sus 11 trabajadores y cerró.

Los trabajadores de Chayma Chapas y Maderas SL, situada en Quart de Poblet, habían requerido al dueño de la fábrica, dedicada a la manipulación de chapado, mejoras en los dispositivos de seguridad. No tuvieron respuesta. Su sensación de exposición excesiva a situaciones de riesgo les hizo acudir a la Inspección de Trabajo. El 23 de octubre de 2003 un inspector visitó las dependencias. Las deficiencias observadas quedaron recogidas en un informe a modo de requerimiento que la empresa recibió el 12 de noviembre de 2003. Y en él, instaba a la toma, entre otras, de las siguientes medidas: evaluar los riesgos de todos los puestos de trabajo; evaluar todos los equipos de trabajo; establecer un dispositivo de frenado por invasión en la zona operativa de varias máquinas para asegurar una correcta detención cuando se accionara el paro de emergencia y evitar que fueran accesibles los elementos de las máquinas y transmisores móviles; subsanar deficiencias en el sistema de frenado del puente grúa; reparar las señales luminosas y acústicas de la carretilla automotora; evaluar la exposición a humos y ruidos; y subsanar las deficiencias de la salida de humos de la caldera.

La Inspección concedió al propietario, Rafael García Barrio, varios plazos, ninguno superior a dos meses, para enmendar una situación que calificó de "deficiente en las condiciones de seguridad" y que generaba "un grave peligro para la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores". Aún así, la Inspección regresó a la empresa un año después del requerimiento, el 4 de noviembre de 2004. Entonces constató: "Salvo la reparación de la señalización de la carretilla automotora, no se había adoptado por el acusado ninguna de las acciones preventivas y medidas correctoras requeridas un año antes". El inspector de trabajo entendió que los trabajadores -a pesar de no haber ocurrido nunca accidente alguno- estaban expuestos a una situación de "riesgos graves". Más aún, entendió que no había habido accidentes por la pericia de los empleados y su vasta experiencia "además del azar".

Fue entonces cuando la Inspección acudió a la Fiscalía y el fiscal coordinador de Riesgos Laborales, Jaime Gil, abrió diligencias de investigación. El 13 de diciembre de 2004 García Barrio compareció ante Gil y se comprometió a subsanar los defectos antes del 31 de enero de 2005. La fiscalía aceptó y el encargado de certificar que así se haría fue el inspector de trabajo. Éste flexibilizó el plazo. Acudió en marzo pasado. Y de su visita recogió: "No se han subsanado las deficiencias materiales detectadas en los equipos, maquinaria y condiciones de trabajo de la empresa, incluso a pesar de que hasta en el plan de prevención de riesgos elaborado en fecha 18 de diciembre de 2004 por la entidad Ibermutuamur, contratada por el acusado, se indicaba que alguna de las medidas correctoras relativas a las máquinas planas tenían prioridad de ejecución alta". Ese dispositivo al que se refería la inspección costaba menos de 100 euros. La empresa presentó un expediente de regulación por el que despidió a los 11 trabajadores de la plantilla el pasado agosto y cerró la fábrica. Eso no exime de responsabilidad al dueño.

El fiscal Jaime Gil consideró ayer clave que las empresas conozcan que la ley en materia de riesgos laborales debe cumplirse y que no es eximente de ello que no hayan tenido accidentes.