El vocal del CGPJ Laorden plantea establecer un cuerpo judicial especializado en delitos tributarios

La complejidad de las fórmulas que desarrollan los defraudadores para eludir el pago de impuestos no se acompasa con la capacidad técnica de los jueces para investigar "nuevas conductas delictivas" relacionadas con el "crimen económico", una de cuyas características es su capacidad para desbordar el ámbito local porque "se extiende por todo el mundo", explicó ayer Javier Laorden, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien abogó por establecer un cuerpo judicial especializado para atender delitos tributarios. "Los jueces deben saber cómo se mueve el mundo" para abordar asuntos relacionados con el secreto bancario, con el blanqueo de capitales, con el movimiento del "dinero procedente de la venta de drogas o pornografía infantil que se reintroduce en circuitos oficiales", comentó el juez.

"Al acotar los paraísos fiscales, el dinero negro volverá para ocultarse en el volumen"

Laorden concedió que la primera misión de la judicatura es atender la "demanda social". Por eso, recientemente se ha concedido especial importancia a los juzgados especializados en violencia contra la mujer o contra los menores. Pero, en paralelo, el delegado del CGPJ para la Comunidad Valenciana subrayó la creciente importancia de los juzgados de lo mercantil y sugirió imitar el modelo para atender "las posibles controversias" entre ciudadanos o sociedades con la Administración Tributaria a través de juzgados tributarios específicos.

Los juzgados tributarios, en el ámbito de lo contencioso administrativo, se adscribirían a órganos como el Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad autónoma puesto que "la especialización se concentra, no se puede repicar en todo el territorio".

La Escuela Jurídica Manuel Broseta del CGPJ, especializada en formación económica para jueces y magistrados y ubicada en la Ciudad de Justicia de Valencia, albergó ayer una sesión específica sobre delitos tributarios en la que Gerardo Pérez, un alto técnico de la Agencia Tributaria, ilustró a jueces y magistrados sobre la legislación relativa a paraísos fiscales. Un Real Decreto de 1993 especifica 48 países que la legislación española considera paraísos fiscales donde las sociedades residentes tributan mucho menos que en España. Pocos países han elaborado una relación similar, una "lista negra".

La administración estadounidense bajo la presidencia de Bill Clinton introdujo una nueva perspectiva sobre los paraísos fiscales e introdujo el concepto de "renta mundial" para que los residentes en Estados Unidos tributaran por el conjunto de las rentas acumuladas en todo el mundo, al margen del domicilio de la sociedad que los generara. La apuesta por la "transparencia fiscal internacional" requiere la colaboración de los responsables de los paraísos fiscales para conocer los movimientos de las cuentas de los contribuyentes y deriva en la elaboración de una "lista blanca" de países que efectivamente están dispuestos a colaborar.

Pérez explicó, además, que "los planificadores fiscales" evitan operaciones directas en paraísos fiscales porque saben que tales movimientos "disparan todas las alarmas". Y buscan vías alternativas a través de las decenas de agujeros que localizan incluso en estados de la propia Unión Europea con una legislación tributaria laxa.

La conclusión la sintetizó Laorden en posterior rueda de prensa: "Al acotar los paraísos fiscales, los defraudadores con dinero negro volverán a sus orígenes para ocultarse entre el volumen" de movimientos bancarios.