El PSE solicita que el Tribunal de Cuentas audite el gasto en el 'plan Ibarretxe'

El Grupo Socialista quiere que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas incluya los gastos realizados por el Gobierno para elaborar y publicitar el plan Ibarretxe entre los informes de auditoría que realice en 2006. El PSE solicita también que el tribunal dé su parecer en un análisis de legalidad sobre los mismos.

La Presidencia del Gobierno realizó entre 2002 y 2004 numerosas acciones y campañas de difusión del proyecto del lehendakari, que la oposición cuestionó ya entonces al entender que se estaba usando dinero público para promocionar lo que sólo era una propuesta de parte y que no tuvo el aval de la aprobación parlamentaria hasta el 30 de diciembre de 2004.

Ya un año antes de conocerse el texto y de su aprobación en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo reconocía que había gastado 400.000 euros en mítines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir la iniciativa y había buzoneado 800.000 folletos.Tanto la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, como el secretatrio general de la Presidencia, Jesús Peña, eludieron ofrecer cifras concretas al respecto en el debate presupuestario de 2003. Ibarretxe ya había gastado en 2000, tras superar dos mociones de censura, 60 millones de pesetas (360.607 euros) en la difusión de su triple compromiso ético, político y democrático que le sirvió de base para la campaña electoral de 2001. El Parlamento cerró su actividad en marzo de ese año, justo antes de las elecciones que Ibarretxe hubo de anticipar por su situación de minoría, aprobando a iniciativa de la oposición una moción de condena de ese comportamiento en la que se exigía además que suspendiese aquella campaña institucional por entender que era partidista.

El PSE quiere ahora conocer el monto total que supuso aquel gasto para las arcas públicas y la opinión del Tribunal de Cuentas sobre su adecuación a la legalidad o no. El Grupo Socialista ya solicitó en febrero pasado esa actuacion, pero ha debido revalidarla ahora, junto con otras peticiones al Tribunal de Cuentas, para que la incorpore a su plan de trabajo para el año entrante, porque la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos no transmitió al órgano auditor las solicitudes de los grupos al disolver el lehendakari la Cámara el 22 de febrero. La socialista Joana Madrigal se lamentó de que se haya perdido casi un año.

El Grupo Socialista ha incluido también entre sus peticiones al órgano auditor que analice el gasto de las inversiones realizadas por el Gobierno en materias para las que no tiene aún las competencias y quiere que informe también sobre el modo en que se han ejecutado las ayudas a las víctimas del franquismo. Otra de sus propuestas es que audite el programa Bizigune de viviendas de alquiler, asuntos éstos dos últimos de la responsabilidad del departamento de Javier Madrazo.

Consorcio de Aguas

También quiere el PSE que se fiscalicen todos los planes de actuación política e institucional aprobados en el último lustro y se compruebe su eficiencia contrastando los resultados con los indicadores de los planes. Esta tarea puede ofrecer dificultades al tribunal, pues muchos de esos planes, a los que el Ejecutivo ha recurrido profusamente ante sus dificultades para legislar, han llegado al Parlamento sin dichos indicadores.

Junto a esos asuntos, el PSE reclama informes sobre diversas actuaciones concretas de los ayuntamientos de Vitoria y Bilbao y otras que conciernen a entes, fundaciones, organismos y sociedades públicas. Gran parte de ellos ya figuraban en la relación de febrero, pero algunos, como el que concierne al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y sus inversiones en el extranjero, son nuevos. También lo son las peticiones de que se auditen los convenios urbanísticos en cinco ayuntamientos nacionalistas.