El Tribunal de Cuentas reprocha al Gobierno el retraso en sus liquidaciones

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha reconvenido al Gobierno en su último informe, realizado sobre la cuenta general de la comunidad autónoma de 2003, para que envíe al Parlamento los proyectos de ley de liquidación de los presupuestos con periodicidad anual "y en el plazo más breve posible". El último ejercicio sobre el que el Ejecutivo cumplió dicho requisito fue el de 1997.

La oposición ha censurado este comportamiento, que tacha de "ejercicio de oscurantismo" y considera que obstaculiza el control parlamentario de la ejecución presupuestaria. La Cámara no ha recibido proyectos de ley de liquidación de las cuentas en ninguno de los dos mandatos completados por el actual lehendakari. El tribunal considera en su informe "necesario" remitir "con mayor celeridad" esos proyectos de ley y no admite como motivo para el retraso la inexistencia de plazos concretos en la normativa.

La obligación de liquidar por ley en el Parlamento los presupuestos viene establecida en el artículo 126 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. El Gobierno se escudó en que esa norma no fija un plazo concreto para enviar los proyectos de ley, argumento que vuelve a repetir en las alegaciones remitidas al Tribunal de Cuentas. También adujo, y así lo hace constar ahora también, que los anteriores gobiernos acumularon también retrasos notables.

El órgano auditor reconoce la inexistencia de plazo establecido, pero afirma que "el Gobierno no debe escudarse en este vacío legal" y le insta a presentar "anualmente el obligatorio proyecto de ley en el plazo más breve posible".

El Ejecutivo se muestra extrañado en sus alegaciones de que el tribunal haga referencia a la carencia de los proyectos de ley entre 1998 y 2002 en su informe relativo a las cuentas del año siguiente. Además, el Gobierno no admite que haya incurrido en ningún incumplimiento legal y afirma que viene cumpliendo "escrupulosamente" la ley presupuestaria.La falta de remisión de dichos proyectos de ley no supone, según el Ejecutivo, "que no se hayan rendido correctamente las cuentas" ante el tribunal ni que éste "no haya podido ejercer su labor de fiscalización de los presupuestos de 2003". La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, señaló en una reciente respuesta parlamentaria que el Gabinete estará en condiciones de remitir a la Cámara en breve parte de los proyectos atrasados.

El órgano auditor aprecia además deficiencias en las concesiones de ayudas del programa Izartu, puesto en marcha en 2001 para revitalizar las comarcas más desfavorecidas y que, en su primera fase hasta 2004, supuso subvenciones por 150,2 millones de euros. El tribunal señala que los criterios de valoración no garantizaron "la objetividad en la concesión" y critica especialmente el rechazo de ayudas a siete de los 54 municipios solicitantes.

Zenarruzabeitia justificó en su día tales denegaciones con el argumento de que en su mayoría no habían presentado proyectos integrales. El informe señala ahora que tal rechazo "carece de motivación suficiente y se basa en una fundamentación genérica". El órgano fiscalizador recuerda que el Tribunal Superior vasco apreció en enero de 2004 una falta de motivación en la denegación de uno de estos casos y reconoció el derecho del municipio recurrente a la subvención solicitada.

El informe analiza 17 de los expedientes del plan y constata que ninguno define los criterios para considerar una zona como urbana degradada y tampoco se "deja constancia de la justificación de las puntuaciones" otorgadas en las valoraciones.

Agrega que el reparto de los fondos según la valoración de cada proyecto en vez de seleccionar los mejores hasta agotar la partida ha impedido cumplir el carácter integral. "En la gran mayoría de los expedientes analizados, las actuaciones financiables se han centrado en infraestructuras básicas locales", señala, en detrimento de aspectos como el empleo, integración social o recursos humanos.

El informe revela que en 2003 se dieron 16 subvenciones directas por 1,8 millones que complementaban otras ayudas que sumaban 12 millones. El tribunal aprecia deficiencias en dos de las 12 ayudas examinadas. Una de ellas corresponde a la Universidad de Deusto por un estudio que debiera haberse adjudicado por "la oportuna contratación".

El estudio vuelve a reprochar que las cuentas del Gobierno no incluyeran en 2003, como ha pasado en ejercicios anteriores, los compromisos de inversión para sufragar el metro de Bilbao por 761,3 millones.