Un juez indaga un fraude masivo en la importación de coches de lujo

Un juez de Madrid investiga a unas 40 empresas, la mayoría de ellas radicadas en la capital, que se dedican a importar desde Alemania coches de superlujo para venderlos en Madrid a precios bajos. La investigación se centra en que estas sociedades -llamadas truchas, porque aparecen y desaparecen- han podido cometer supuestamente un fraude fiscal que ronda los 18 millones de euros.

Un informe del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil constata la venta en Madrid y otras regiones de miles de vehículos de lujo procedentes de Alemania. El informe señala: "En los últimos años se han venido detectando diversas organizaciones delictivas que operan en España en la introducción de vehículos de lujo y alta gama procedentes del mercado comunitario, generalmente de Alemania". Vender un coche alemán de lujo en España sería "inviable", según la Guardia Civil, de no ser porque la venta se efectúa sin que se paguen los preceptivos impuestos, entre ellos el del IVA (un 16% del valor del vehículo) y el de matriculación (un 12%).

Los defraudadores se sirven de empresas fantasmas, también llamadas truchas, carentes de actividad y cuya permanencia es efímera. Al frente de cada sociedad fantasma se coloca a un testaferro, al que se le pone un sueldo de unos 1.000 euros mensuales, y que se trata de una persona que sólo aporta su nombre y que nada tiene que ver con los negocios. La idea es que haga de pantalla de esa firma ante el Registro Mercantil. En otros casos, los defraudadores utilizan domicilios de otras empresas que nada tienen que ver con la trama. Son sociedades, según fuentes de la investigación, que facturan cantidades multimillonarias en la venta de los coches.

Son efímeras porque su duración es de un año aproximadamente. Concluido un ejercicio fiscal se extinguen y se crea otra sociedad distinta, con otra persona a su frente que, al igual que la anterior, es insolvente. "Como administrador de la sociedad", señala el informe, "se coloca a un testaferro, alguien que suele tener necesidades económicas, ajeno a toda la trama e incapaz de responder de sus actividades y de dirigir la empresa por su escasa formación. Esta sociedad, y las demás creadas al efecto, están en realidad controladas por una persona que es la que maneja el negocio, lleva las facturas, los sellos de la sociedad y demás operaciones, aunque figure el nombre del testaferro en ellas", concluye la Guardia Civil.

Dentro de la trama, las empresas trucha conforman el primer nivel. Cuando el coche llega de Alemania aparece como compradora una sociedad fantasma, pero ésta luego vende el coche a otra sociedad (que conformaría el segundo nivel) que sí está en regla dentro del mercado, cobra el oportuno IVA al comprador y que es la que figura como vendedora del coche al usuario.

Para conseguir legalizar el vehículo en España, las truchas acuden a Hacienda y pagan una muy pequeña parte de los impuestos correspondientes, pero dejan a deber el resto de dinero. Cuando Hacienda trata de recuperar la deuda, así como el IVA de la compraventa, es cuando se topa con que la trucha que ha cobrado el IVA inicial ha desaparecido o tiene un testaferro al frente.

Según la Guardia Civil, las sociedades del segundo nivel no suelen ser "ajenas" a la trama; al contrario, son las que crean las del primer nivel y las controlan de hecho, "puesto que el IVA que aparece facturado de una a otra nunca se corresponde con la cantidad real abonada, lo que les permite abaratar el coche frente a la competencia y apoderarse del mercado del sector". Es decir, como no pagan el IVA, juegan con él al alza o la baja. Si hay un comprador reacio, le cobran menos IVA del que corresponde.

La Guardia Civil empezó a tirar del hilo a través de una tienda de venta de coches situada en la calle de Lope de Rueda que, según su informe, pertenecía a una conocida firma de compraventa de coches. La investigación ha demostrado que esta firma no tiene nada que ver con la trama, sino que es una víctima de ella. Aunque llegó a comprar coches de importación a truchas, la investigación judicial revela que esta firma pagaba el oportuno IVA. "Si la trucha luego no declaraba a Hacienda el dinero del IVA que se le daba, nosotros no tenemos culpa", señaló un portavoz.