El Gobierno catalán tiene en construcción o en proyecto 27.968 viviendas protegidas

La política de vivienda del tripartito tiene un objetivo: crear un mercado secundario de pisos protegidos. Con ello, creen los responsables del área, se frenará el precio de la vivienda libre o, cuando menos, se garantizará el derecho a una vivienda a los sectores menos protegidos. Para ello, el tripartito trabaja en tres frentes: promoción de vivienda protegida (de venta o alquiler), movilización de suelo para construir en zonas elegidas y rehabilitación de barrios y edificios. El Gobierno se comprometió a disponer de 42.000 viviendas protegidas al terminar la legislatura. Los proyectos en marcha, algunos en obras y todos con los trámites iniciados, suman 27.968 viviendas protegidas.

Estos trabajos se llevan a cabo, de forma coordinada, por los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda y de Política Territorial. Los dos ejes sobre los que gira la política de vivienda del Gobierno catalán son la Secretaría de Vivienda, cuyo titular es Ricard Fernández, y que trabaja en el ámbito de la construcción, promoción y rehabilitación, y la Secretaría de Planificación Territorial, que tiene al frente a Oriol Nel.lo y que es responsable de la política que se ha plasmado en la ley barrios, en paralelo a la movilización de suelo residencial e industrial.

Entre 1975 y 1996 Cataluña vivió una época de estancamiento demográfico. Fueron los años del Som sis millions, de los seis millones de habitantes. Y todo apuntaba a que las cosas no se movían. De pronto, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar a causa, sobre todo, del fenómeno migratorio. En 1996 había en Cataluña 140.000 residentes extranjeros. Ahora la cifra ronda los 700.000 y en algunos casos con posibilidad de reagrupación familiar. Esto ha llevado a un crecimiento desconocido de la población en las últimos años, que sólo tiene equivalencia a las grandes migraciones producidas a principios del siglo XX y en la década de 1960. A este ritmo, las previsiones señalan que Cataluña alcanzará los ocho millones de habitantes en 2020.

El resultado de este cambio de tendencia en la demografía coincide con otros dos factores: la caída de los tipos de interés hipotecarios y la llegada de capitales extranjeros que buscan la rentabilidad de un mercado que ha vivido un alza constante en los últimos años, con revalorizaciones de los precios situadas en torno al 14% anual de media. El resultado ha sido un incremento espectacular de la demanda de pisos y, en consecuencia, un aumento de la oferta no menos espectacular.

Segregación social

El crecimiento del sector inmobiliario, simultáneo al aumento de los precios, produce dos efectos sociales: la dispersión de la construcción y la segregación social. La intervención de tripartito pretende incidir en el conjunto de causas buscando, como efecto, garantizar el acceso a la vivienda de los sectores que cada vez lo tienen más difícil por el aumento constante de los precios. Al mismo tiempo, pretende evitar la segregación social que hace que las zonas baratas lo sean cada vez más y también más pobres, y las ricas, cada vez más caras y exclusivas.

"El problema no es el suelo sino el mercado", sostiene el secretario de Planificación, Oriol Nel.lo. La estructura del parque actual de viviendas es diáfana: el 86% de los catalanes ocupan una vivienda de propiedad, frente al 14% que viven de alquiler. Pero esas cifras, por sí solas, no lo dicen todo. Falta otro dato: el 33,4% de las viviendas catalanas son segundas residencias. Es decir, del total de tres millones de casas y pisos, un millón se utilizan sólo parcialmente.

En esta tesitura, el tripartito se propone actuar en tres frentes: rehabilitación, suelo y construcción. El primer paso es la ley de urbanismo, que obliga a los promotores a destinar a vivienda protegida el 20% del techo por construir y otro 10% a vivienda concertada. La decisión de afectar al techo y no al suelo es estratégica. Las viviendas protegidas son, en general, de menor tamaño que las libres. La media de una vivienda libre es de unos 100 metros cuadrados; la de una vivienda protegida, de 70. La obligación de reservar el 30% (sumando protegida y concertada) hace que, en la práctica, el 50% de los pisos de nueva construcción tengan algún tipo de protección.

Esta medida cuenta con el apoyo de todo el Gobierno, aunque en su momento hubo ciertas discrepancias. Un sector del Ejecutivo, con los promotores detrás, deseaba que el porcentaje se fijara en cada promoción. Finalmente se impuso que fuera por sectores (zonas de igual precio en los módulos de vivienda protegida).

Ayudas para 30 barrios

La segunda medida impulsada desde Política Territorial fue la Ley de Barrios, un proyecto que ha desbordado a sus propios promotores. Inicialmente se preveía la renovación de 40 núcleos residenciales con problemas situados en otras tantas poblaciones. En estos momentos se han concedido ya 30 ayudas al mismo número de barrios y la legislatura terminará con 30 barrios más en fase de rehabilitación integral, con una inversión global que rondará los 800 millones de euros (aportados a partes iguales por el Gobierno catalán y los municipios beneficiados).

El objetivo de la ley de barrios es recuperar zonas deprimidas, de modo que no se conviertan en guetos. Es en estos barrios donde se invertirá parte del dinero público en los que el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda prevé en casos muy específicos la posibilidad de realizar expropiaciones.

Paralelamente, desde el Incasol se ha promovido la obtención de suelo para poner a disposición de los constructores, sean éstos el propio Ejecutivo o promotores privados. Esta política de suelo ha tenido dos fases. Una, de microintervenciones destinadas a fomentar el reequilibrio territorial, ha generado 588 hectáreas de suelo residencia con un potencial de 21.778 viviendas, de las que 8.326 serían protegidas. La segunda actuación, mucho mayor en importancia, está pensada para promover actuaciones estratégicas y lo que Nel.lo define como dar a las poblaciones la posibilidad de construir los "ensanches del siglo XXI". Ha generado 1.809 hectáreas de suelo residencia con 40 actuaciones situadas en torno a poblaciones con notables crecimientos. Este suelo tiene capacidad para 101.519 nuevas viviendas, de las que casi la mitad, 48.782 exactamente, tienen que ser protegidas.

Las características de estas intervenciones son homogéneas: tendrán una densidad media de 50 viviendas por hectárea, facilidad de acceso a los transportes públicos, disponibilidad de servicios, equipamientos y espacios públicos y, sobre todo, el régimen de promoción se repartirá entre vivienda libre y protegida por igual, de modo que no se produzcan guetos ni por arriba ni por abajo.