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Las obras iniciadas cubren la mitad del Pacto del Tinell

Para romper la tendencia de los precios al alza, por la que cada vez más amplias capas de la población se ven privadas de acceso a una vivienda, el Gobierno catalán se comprometió a construir un total de 42.000 viviendas, directamente o incentivando su construcción por promotores privados. En los dos años, aproximadamente, que lleva el tripartito gobernando, se han iniciado o están en fase de inicio un total de 15.466 viviendas protegidas, repartidas del siguiente modo: en 2004 se iniciaron 6.390; en lo que va de año (hasta octubre), se han autorizado ayudas para 4.576 más, y hay unos 4.500 expedientes a la espera de conocer las nuevas bases de ayuda a la vivienda protegida para ser presentados en la ventanilla correspondiente.

De estas viviendas, 3.310 han sido construidas directamente por el propio Gobierno a través del Incasol. A estas cifras hay que añadir los convenios firmados o pendientes de firma con diversos ayuntamientos para poner al mercado 4.902 viviendas más, todas ellas protegidas.

Cooperativas

Un tercer capítulo lo forman las viviendas de protección promovidas por cooperativas que construyen tras un convenio con el Incasol, que aporta el suelo a un precio que no es el del mercado libre. En el periodo 2004-2005 se ha cedido suelo para 3.100 viviendas de este tipo y hay convenios previstos para otras 1.500 en lo que queda de legislatura. Finalemente, el Incasol dispone de ya de suelo protegido preparado para empezar a construir otras 3.000 viviendas.

Todo ello significa, según Ricard Fernández, secretario de Vivienda, que si desde hoy hasta el final de la legislatura no se promoviera ni una sola vivienda protegida más al margen de los proyectos ya iniciados, se llegaría a 2007 con 27.968 viviendas de las 42.000 comprometidas en el Pacto del Tinell. La cifra supone que a mediados de legislatura se ha encarrilado el 66,6% del compromiso relativo a viviendas protegidas.

A ello hay que añadir la política de rehabilitación. El compromiso aquí era de rehabilitar 40.000 viviendas. Con un añadido: los propietarios que reclamaran una actuación de mejora o rehabilitación podrían disponer de un test del edificio que encargaría el propio Ejecutivo. El resultado ha desbordado las previsiones. Los expedientes presentados hasta hora son 4.153, que suman 67.173 viviendas. La mayor parte de estas peticiones tienen que ver con patologías estructurales o deficiencias constructivas. Pero hay más de 20.000 en los que se financiará parcialmente la instalación de ascensor y otros 4.600 en los que se procederá a eliminar las barreras arquitectónicas.

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