Análisis:ANÁLISIS | NACIONAL
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Freno y marcha atrás

LA COMISIÓN EJECUTIVA del PSOE -de la que forman parte dos dirigentes del socialismo catalán- hizo suyo el pasado lunes el dictamen encargado a un grupo académico de expertos sobre la adecuación al marco constitucional del nuevo Estatuto aprobado el 30 de septiembre por el Parlamento catalán. Las conclusiones del informe son altamente desfavorables para quienes han venido reivindicando -contra toda evidencia- la constitucionalidad supuestamente impecable de esa desafortunada y elefantiásica reforma estatutaria de vocación confederal. Es verdad que los dictámenes de parte no tienen fuerza jurídica dirimente: el Tribunal Constitucional monopoliza la facultad de anular las leyes (incluidos los Estatutos) aprobadas por el Parlamento. Pero la aceptación por la Ejecutiva socialista de ese documento a fin de utilizarlo como cantera argumental de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentará después del próximo miércoles en el Congreso está cargada de consecuencias.

La Ejecutiva socialista hace suyo el dictamen de un grupo de expertos sobre la adecuación a la Constitución de la reforma estatutaria aprobada por el Parlamento catalán y enviada al Congreso

Por lo pronto, la decisión desinfla como un globo la campaña publicitaria lanzada a bombo y platillo por el PP en su vano esfuerzo por demostrar que la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto sería exclusivamente una fraudulenta maniobra del PSOE para aprobar por la puerta trasera una reforma constitucional que eludiera las mayorías cualificadas de los 3/5 o los 2/3 de las Cámaras (donde serían imprescindibles los parlamentarios populares) y el referéndum de ratificación ordenados por el Título X de la norma fundamental. Desde la llegada al Congreso del Estatuto, aprobado por la abrumadora mayoría del Parlamento catalán, numerosas voces del Gobierno y del socialismo español se han pronunciado simultáneamente a favor de la toma en consideración de la propuesta y en contra de los artículos inconstitucionales del texto. Pero la obcecada falta de respeto por la verdad de los dirigentes del PP (que siguen imputando la autoría del 11-M a ETA, Marruecos y los servicios de seguridad españoles) les permitirá seguir rechazando la compatibilidad lógica y práctica entre ambos planteamientos pese a que la Ejecutiva socialista haya echado el freno y dado marcha atrás el pasado lunes.

La frase pronunciada el 13 de noviembre de 2003 por Zapatero durante un mitin de la campaña electoral autonómica -"aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña"- sirve de estribo a los nacionalistas para criticar la postura del PSOE. Aunque la inocente jactancia lanzada hace dos años por el actual presidente del Gobierno -líder entonces de la oposición- le sea echada en cara incesantemente (esta semana, ERC ha impreso 100.000 tarjetas postales con ese texto para atascar la estafeta de correos del Palacio de la Moncloa), ha pasado demasiada agua bajo los puentes para que ese monocorde recordatorio pueda añadir cualquier conclusión enriquecedora a la moraleja referida a los calentones de boca mitineros.

El papel desempeñado hoy por Zapatero es cualitativamente distinto al representado en noviembre de 2003: difícilmente cabía suponer entonces que su candorosa bravata terminaría sirviendo de abusiva coartada al actual presidente de la Generalitat para tratar de imponer al PSOE la aceptación a ciegas del Estatuto. Así como resultaría absurdo que la cortesía castiza del "está usted en su casa" fuese interpretada por un visitante pelmazo como una autorización para instalarse indefinidamente en el domicilio donde ha sido invitado, también sería absurdo que el presidente del Gobierno estuviese obligado ahora a ser el cómplice de una agresión a la Constitución por una convencional frase protocolaria pronunciada de buena fe hace dos años. La voluntad de engaño o la torpeza de los actores para prever los efectos perversos de sus maniobras han pisado en realidad otros escenarios: de un lado, el melodrama de las pulsiones nacionalistas dentro del PSC; de otro, la tragicomedia de enredo representada durante la última semana del pasado septiembre en los palacios de la Moncloa y la Generalitat por astutos burladores burlados y taimados alguaciles alguacilados.

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