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Reportaje:LA REFORMA DEL ESTATUTO

Los abuelos y padres del Estatuto

Los siete ponentes de Carmona partieron de cero cuando comenzaron sus trabajos en 1979

Lourdes Lucio

Cuando el Estatuto andaluz de 1981 empezó a redactarse en 1979, los siete ponentes partían casi de cero. No había textos previos, ni servicios jurídicos del Parlamento, ni grupos de asesores externos y nada de lo que se hablaba en la ponencia se recogía en soportes de audio o vídeo. Carlos Rosado, representante de la UCD, guarda todas las notas manuscritas de lo que decía cada uno de ellos en las reuniones, en una especie de lo que hoy sería un blog personal. El socialista José Rodríguez de la Borbolla conserva un estante repleto de libros sobre el regionalismo, textos jurídicos de los landers alemanes o el modelo italiano y otra montaña de documentos de referencia. "Tuvimos que estudiar muchísimo", recuerda. "Nosotros nos lo guisamos y nos lo comimos artículo por artículo", subraya Javier Pérez Royo, elegido por el PCE.

En 1981, los siete negociadores tenían clara cuál era su misión, sacarlo adelante
Los redactores del texto en vigor disponían de autonomía y autoridad, pero carecían de medios

A diferencia de los actuales 11 ponentes de la reforma del Estatuto andaluz, los padres del texto nacido en Carmona (Sevilla) contaron con unos medios precarios para hacer su trabajo. Sus armas eran dos: la mayoría eran expertos jurídicos y eran los máximos representantes de sus formaciones políticas. Es decir, tenían autonomía y autoridad para decidir el rumbo.

Las diferencias con la ponencia de ahora son abismales. En cuanto a los medios, los cuatro grupos del Parlamento cuentan con equipos de asesoramientos externo, les ayudan dos letrados -Javier Terrón y Francisco Javier Pardo- y desde el mes de septiembre todas las sesiones son grabadas por los servicios del Parlamento. Dos realizadores siguen las reuniones a través de las cámaras fijas instaladas en las salas de comisiones, las cuales serán públicas aunque no se sabe cuándo.

Y en el terreno puramente político, los siete redactores tenían clara cuál era su misión, la de sacar adelante el Estatuto, una cuestión que ahora no está despejada, ya que hay planteadas dos dudas: ¿Firmará el PP el texto de la proposición de ley?, ¿figurará el PA en la foto final?

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"La gente era consciente de que había que llegar a un acuerdo, que había que buscar soluciones y que no nos podíamos quedar atrás", afirma De la Borbolla. "La diferencia con lo de ahora es que sabíamos que no nos podíamos levantar de la mesa sin un acuerdo. Es verdad que la UCD había montado el follón del 28 de febrero, pero después no hubo ni una sola maniobra dilatoria. La gran diferencia es que el PP ha entrado a regañadientes en el debate y que no tiene la más mínima prisa, porque considera la discusión del Estatuto catalán como un balón de oxígeno para sus expectativas y por lo tanto no va a avanzar más", pronostica Rosado. "En esa época la incógnita estaba despejada tras el resultado del referéndum del 28 de febrero de 1980. La derecha estaba muy entregada", asegura Pérez Royo.

Otra cosa que pactaron los ponentes fue que no se informaba a la prensa diariamente para espantar la presión de los medios. El periodista Antonio Lorca cubrió la información para El Correo de Andalucía, el periódico que publicó en exclusiva el borrador del Estatuto de Carmona. "Había más expectación que ahora por la efervescencia del momento político", afirma. "Al final quedaremos de abuelos cebolletas de esto, pero no va a ser fácil hablar de nuevos padres del Estatuto porque, afortunadamente no es un texto de nueva planta", sostiene Rosado. El portavoz parlamentario del grupo socialista, Manuel Gracia, comparte esta opinión: "Aquello es irrepetible y no tiene la misma dimensión. Pero yo no me he visto en otra como ésta desde que estoy en el Parlamento desde 1982".

Gracia afirma que ni los representantes del PP ni del PA en la ponencia tienen "margen de maniobra para decidir. IU sí lo tiene". El secretario de Organización socialista y ponente, Luis Pizarro, apunta: "Partimos de una situación en la que el PP no quería entrar y que, por el momento, el PA está pero no está". Este dirigente mantiene que los trabajos de la ponencia empezarán "de verdad" cuando se produzca la segunda lectura del texto de reforma y se distingan con nitidez las diferencias.

Concha Caballero, portavoz de IU y también ponente, afirma que "todo el mundo se está guardando las cartas" para una segunda fase, aunque a los que "más se les ve el plumero" son IU y PSOE. "Las discusiones que se dan son entre el PSOE e IU o entre IU y el PP, pero con un gran silencio de los populares. Los socialistas no quieren ahora mismo bronca con el PP. Y por mucho que le moleste al PSOE siempre que discutimos avanzamos, y además están encantados que les demos caña al PP", comenta.

"Si el PSOE se guarda sus cartas ¿no te la vas a guardar tú?", contesta el portavoz Antonio Sanz, quien lleva el peso de los debates junto a Rafael Salas, vicepresidente de la comisión y el que mejor se sabe los documentos de su grupo. Sanz sostiene que aunque hay buen rollo en la ponencia -afirmación que repiten todos- hay "un gran nivel de desconfianza" que él atribuye a los "vaivenes" del PSOE por el Estatuto catalán. El popular se queja del sistema de trabajo acordado que "permite avanzar al PSOE, pero las propuestas de los demás van a votos particulares".

Los ponentes de ahora no consideran un obstáculo el que ninguno sea jurista. "Es verdad, pero hay gente con mucha experiencia", afirma Sanz. "El Estatuto es fundamentalmente un documento político", apostilla Caballero. Y De la Borbolla sentencia: "No hay que ser jurista. El Derecho es una técnica, una ciencia para darle forma a los acuerdos. Lo que hay que tener claro es lo que uno quiere y después, que los redacte el que sepa".

Ningún jurista en la ponencia

Los siete redactores del Estatuto de Andalucía tenían un perfil jurídico del que carecen los 11 miembros que integran la ponencia de la reforma estatutaria. Los padres del Estatuto José Rodríguez de la Borbolla, Ángel López, Miguel Ángel Pino (PSOE); Carlos Rosado, Pedro Luis Serrera (UCD); Javier Pérez Royo (PCE); y Juan Carlos Aguilar (PSA) unían a su condición de expertos en Derecho, la de ser interlocutores con autoridad de sus propias formaciones, algo que no se da en la actualidad, en todas las organizaciones, especialmente, en el PP y Partido Andalucista.

La singular situación del Parlamento andaluz, en la que ninguno de los tres líderes de la oposición tiene escaño en la Cámara, origina una situación obvia: tampoco están en la ponencia de reforma y, según opinan los redactores, es recomendable que en un proceso de modificación como el de ahora "estén los que tengan más poder".

De los 11 miembros de la ponencia tan sólo dos son licenciados en Derecho -Antonia Moro (PSOE) y Carlos Rojas (PP)-, mientras que el perfil profesional del resto es bastante variopinto. Hay una licenciada en medicina y cirugía (Esperanza Oña, PP); un jornalero (Antonio Romero, IU); una profesora de enseñanza secundaria y licenciada en Filología Hispánica (Concha Caballero, IU); un profesor de EGB (José Caballos, PSOE); un administrador de fincas (Ildefonso Dell'Olmo, PA); un catedrático de instituto y licenciado en Filosofía y Letras (Manuel Gracia, PSOE); un diplomado en Filología Moderna (Antonio Moreno, PA); y un administrativo (Luis Pizarro, PSOE).

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