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Prosegur cancela el contrato con Trillo a raíz de investigarse su incompatibilidad

Administraciones Públicas no ha decidido aún si abre expediente sancionador al ex ministro

Prosegur Cía de Seguridad ha rescindido unilateralmente el contrato de asesoramiento que mantenía con el despacho de abogados del ex ministro Federico Trillo-Figueroa. "No lo han hecho porque fuera ilegal o incompatible, sino porque el Ministerio de Defensa ordenó revisar todas las adjudicaciones a Prosegur", explica Trillo. El Ministerio de Administraciones Públicas está investigando si el ex ministro vulneró la Ley de Incompatibilidades al asesorar a una empresa a la que Defensa adjudicó contratos por valor de 7.154.151 euros bajo su mandato.

La Inspección General de Servicios de la Administración Pública abrió una investigación a raíz de que, en mayo pasado, la revista Interviú publicase que Trillo asesoraba a la empresa Prosegur a través de la sociedad Estudio Jurídico Labor, que comparte con dos hijos.

Todavía, según las fuentes consultadas, se está recabando información y no se ha decidido si se abrirá un expediente sancionador al ex ministro.

La Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, de 1995, advierte de que "aquellos que perciban retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese [como es el caso de Trillo] no podrán intervenir en actividades relacionadas con las competencias del cargo ocupado".

Según los datos facilitados por Defensa, Prosegur es una suministradora habitual de servicios para dicho departamento. Entre los años 2000 y 2004, bajo el mandato de Trillo, obtuvo contratos por valor de 7.154.151 euros, frente a 2.113.073 del cuatrienio anterior (1996-1999). El ejercicio de mayor contratación fue 2002, cuando Prosegur logró de Defensa 2.657.263 euros, diez veces más que en 1996.

Esta evolución no resulta sorprendente, pues coincidió con un aumento espectacular de los gastos de Defensa en seguridad privada, que se duplicaron entre 2000 y 2003 y saltaron a la luz pública con la contratación de guardias jurados para la Academia de Zaragoza.

Sin embargo, Prosegur tuvo tantos contratos que no fue capaz de realizarlos, lo que llevó a rescisiones "por incumplimiento reiterado y culpable de las obligaciones contraídas" y produjo una drástica caída de las adjudicaciones en el año 2003, último completo de Trillo.

El ex ministro aseguró ayer que su contrato de asesoramiento jurídico con Prosegur fue aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que pidió autorización para el ejercicio libre de la abogacía. Según Trillo, su relación contractual con dicha empresa es anterior a la victoria del PP en las elecciones de 1996; quedó en suspenso tras su elección como presidente del Congreso, en marzo de aquel año; y se reactivó en septiembre del año pasado, después de su salida del Gobierno.

Sin embargo, agregó Trillo, la empresa de seguridad decidió unilateralmente rescindir el contrato antes del verano, "no porque fuera ilegal o incompatible, sino porque Defensa ordenó revisar todas las adjudicaciones a Prosegur". Ése fue el primer paso de la investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de octubre de 2005