Generalitat y Fomento invierten 7.345 millones en la red viaria conjuntamente por primera vez

El dinero de la Administración es del ciudadano. Ése es el criterio que ha servido de base para el convenio que firmaron ayer en Madrid la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. El convenio prevé una inversión conjunta de 7.345 millones de euros en carreteras catalanas y rompe la tradición según la cual cada gobierno se encargaba de sus vías, al margen de si eso respondía a necesidades globales. El dinero forma ahora una bolsa común y el orden de las obras no se fijará en función de a quien pertenezca la carretera.

El plan de carreteras previsto en el convenio tiene una duración de siete años (2006-2012) y una dotación presupuestaria de 7.345 millones de euros. De ellos, 3.895 millones proceden de los presupuestos del Ministerio y 3.540 millones de las arcas de la Generalitat. Además, el convenio establece el cambio de titularidad de algunas de las vías catalanas, atendiendo a su función actual y no a la historia de su gestación.

Las partidas que figuran en el convenio firmado ayer incluyen obras ya en curso. Por parte de Fomento, esas obras ya licitadas o en fase de ejecución suman 672 millones de euros. La mayor partida es la del túnel de Vielha (143 millones). Hay también diversas obras en la A-7, cuya suma supera los 200 millones de euros.

De las actuaciones futuras, la de mayor volumen económico es la autovía A-2, sustituta de la N-II, entre Girona y Francia, por un importe de 352 millones. Esta misma vía tiene otras dos partidas de 33 millones (enlace A-2 y A-7, en Castellbisbal) y 60 millones para el tramo entre Tordera y Maçanet. La vieja N-II también tendrá diversas mejoras a su paso por el Maresme, con una inversión de 100 millones.

La A-7, autovía que suplirá la actual N-340, tiene diversas partidas que, sumadas, ascienden a más de 500 millones de euros. Es decir, la actual carretera, posiblemente la que registra mayor tráfico de camiones de España, se convertirá en una autovía con dos carriles en cada sentido.

La C-17 recibirá 180 millones, para el tramo que va de Ribes a la Molina y para el que une Puigcerdà con la frontera, donde se efectuará una variante del actual trazado.

La obra más ambiciosa de las incluidas en las carreteras titularidad del Gobierno catalán es el desdoblamiento de la C-25 (Eix Transversal). Esta obra permitirá convertir el eje en una autovía de dos carriles en cada sentido de circulación. El convenio prevé tres partidas cuya suma asciende a casi 800 millones de euros.

Le sigue en importancia el desdoblamiento del Eix del Llobregat entre Berga y Bagà (460 millones de euros). Otras partidas importantes son el tramo Badalona-Mollet de la autovía de la Conrería (275 millones) y el que va de Manlleu a Ripoll (196 millones).

Las inversiones del Gobierno catalán incluyen también las ya licitadas o adjudicadas por un importe de 505 millones, entre las que se incluye el tramo Puig-reig-Bagà, del Eix del Llobregat y el túnel de Bracons.

Finalmente, el convenio recoge el intercambio de titularidades en diversas carreteras. La N-II y la N-340 serán cedidas en sus tramos urbanos al Gobierno catalán una vez estén en funcionamiento las autovías que las sustituyan. Fomento traspasará a la Generalitat tramos de la N-230 en Lleida, la N-240 en Tarragona y la N-260, entre Figueres y Olot. A cambio, el ministerio se hará cargo del tramo de la C-26 que va de Olot a Ripoll y que incluye el túnel de Collabós.

Tras el acto protocolario de la firma, Joaquim Nadal expresó su satisfacción por el contenido del acuerdo y, también, por lo que éste implica. El consejero de Política Territorial insistió en que la población usuaria de las carreteras no distingue quien es el titular de una vía, lo que quiere es una red que funcione.