La nueva ley antiterrorista francesa prevé el uso generalizado de la videovigilancia

Implantación generalizada de la videovigilancia, prolongación de la detención provisional de los sospechosos, extensión de las escuchas telefónicas, conservación durante un año de los registros de llamadas y correos electrónicos, facilidades para el acceso policial a los datos de los ciudadanos, control de los desplazamientos tanto en el interior como hacia el exterior y un aumento de las penas. Éstas son las principales medidas que contiene el proyecto francés de la nueva ley antiterrorista elaborado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, presentado ayer en el Consejo de Ministros.

El proyecto será debatido en la Asamblea Nacional por el procedimiento de urgencia para que pueda entrar en vigor antes de finales de año.

El presidente de la República, Jacques Chirac, defendió el proyecto de ley que proporcionará "nuevos instrumentos de acción" a las fuerzas de seguridad, argumentando que existe un riesgo "real" de que Francia sufra un atentado terrorista de grandes proporciones y hay que anticiparse a la amenaza y "adaptar en cada momento nuestros dispositivos". "Debemos permanecer totalmente movilizados", añadió.

Los grupos de defensa de los derechos humanos así como las asociaciones de jueces, e incluso la Comisión Nacional sobre Informática y las Libertades (CNIL), fueron muy críticos con el proyecto de ley de Sarkozy. La CNIL considera que conlleva "graves riesgos de atentar contra las libertades individuales", y hace una especial mención al control de los desplazamientos. La Unión Sindical de Magistrados, por su parte, califica las propuestas de "medidas excesivas de tipo estadounidense o británico" y recuerda que es necesario "mantenerse dentro del marco de una sociedad democrática".

Para Sarkozy, sin embargo, ésta es una polémica "estéril, porque el nuevo marco legal no supone un recorte de los derechos y libertades de los ciudadanos". Para el ministro del Interior, tras los atentados de Londres del pasado mes de junio, era preciso "adaptar el dispositivo jurídico para proteger a los franceses". Según el preámbulo de la ley, Francia no está a salvo de ataques similares a los de Estados Unidos, Madrid o Londres.

Basándose en la experiencia de lo sucedido en la capital británica, donde las cámaras permitieron identificar a los autores de los atentados, Francia pretende implantar un sistema exhaustivo de videovigilancia en todos los aeropuertos, estaciones ferroviarias y transportes públicos en general, así como en las cercanías de lugares de culto -obviamente, mezquitas- o determinado tipo de comercios.

Seis días de detención

El periodo de detención policial en casos de terrorismo, antes del paso a disposición judicial, pasa de cuatro a seis días. El proyecto de ley aumenta considerablemente los poderes discrecionales, sin mandato judicial, de la policía, que podrá tener acceso a los datos personales de los pasajeros de las compañías aéreas, marítimas y ferroviarias, así como los de los abonados de las compañías telefónicas y a todo tipo de ficheros de la Administración, aunque el acceso a datos privados deberá ser aprobado por una "personalidad cualificada".

Los servicios policiales podrán también instalar sistemas de vigilancia fotográfica de vehículos, fotografiar a sus ocupantes y guardar las imágenes durante ocho días sin tener que pedir un mandato judicial. La ley Sarkozy también contempla el control de los viajes a los llamados "países de riesgo", como por ejemplo aquellos que forman la ruta de los musulmanes europeos que se incorporan a los grupos insurgentes en Irak. Asimismo, los operadores de telefonía y los cibercafés deberán conservar los datos de conexión de las comunicaciones de sus clientes y entregárselos a la policía. El Ejecutivo pretende que los operadores telefónicos conserven durante un año los datos de las conexiones, un periodo de tiempo que va en el sentido de la legislación que está elaborando la UE.

Pese a la sintonía en este asunto, la pugna que mantienen Villepin y Sarkozy por el liderazgo de la derecha en Francia vivió ayer un nuevo episodio. El duro ministro del Interior se había pronunciado en favor del derecho al voto en las elecciones municipales de los inmigrantes legales, una vieja cuestión que ya figuraba en el programa de François Mitterrand en 1981. Ayer, el primer ministro Villepin le descalificó abiertamente en una intervención parlamentaria. Es una opinión "personal" del ministro del Interior, dijo. Lo realmente "republicano", añadió el primer ministro, es la posibilidad de acceder a la nacionalidad francesa y disfrutar de todos los derechos.