Reforma de la reforma

Necesitaba el PSOE unificar criterios respecto a la tramitación del Estatuto, y lo ha hecho en torno a las conclusiones del dictamen que encargó a cuatro constitucionalistas. El dictamen es respetuoso con la iniciativa de reforma, deliberadamente frío y bastante genérico, pero marca con claridad los límites que el Estatuto no debe rebasar para ser plenamente constitucional. Sus objeciones no son, sin embargo, de tal naturaleza que obliguen a rechazar el proyecto en bloque, como sucedería si se considerara irreformable o se aceptara la tesis del PP de que se trata de una reforma encubierta de la Constitución. Ello abre paso a un debate de su articulado que permita llegar a un pacto aceptable.

Ese pacto es deseable. Entre otras razones, porque un rechazo frontal a un texto avalado por el 90% del Parlamento catalán podría dar lugar a un conflicto de legitimidades. Y porque sus promotores han expresado su voluntad de respetar los límites constitucionales. Además, el 70% de los catalanes (según encuesta reciente de Opina) se muestra convencido de que el proyecto respeta esos límites, lo que podría interpretarse como una adhesión condicionada a que los respete realmente; es decir, que no conduzca a un conflicto con el Estado. No sería pedagógico dar a esta propuesta el mismo tratamiento que se dio en su momento al plan Ibarretxe, que sí implicaba una derogación de la Constitución en territorio vasco y cuyo procedimiento de elaboración estuvo viciado desde el origen y prosperó gracias al apoyo de un partido ilegal vinculado a ETA.

Las reformas necesarias son mucho más que meros retoques, según el dictamen, y demuestran que las modificaciones introducidas tras el informe del Consejo Consultivo catalán fueron insuficientes. Las objeciones más severas afectan a dos de las novedades fundamentales del proyecto: la ampliación de competencias y el sistema de financiación; también hay precisiones sobre el alcance del deber de conocer el catalán, y sobre la descentralización del poder judicial. Y se expresan reservas de fondo sobre los mecanismos bilaterales como fórmula de relación con el Estado. Por razones que no se explican claramente, el dictamen prefiere evitar un pronunciamiento sobre la definición de Cataluña como nación.

Resulta oportuna la apelación al principio de seguridad jurídica, que aconseja no dejar ciertos temas delicados -que puedan afectar a derechos de las personas- al albur de interpretaciones de los gobernantes de turno. Las líneas que marca el dictamen permitirían al PP participar en la construcción del nuevo pacto una vez que se entre en la fase de discusión en ponencia. Algo que convendría también a los nacionalistas, porque el mejor blindaje es que el Estatuto cuente con el respaldo de los dos partidos con posibilidades de gobernar en España. El PP se va a gastar medio millón en propaganda por el rechazo en bloque, lo que tal vez dentro de unos meses se convierta en un lastre para jugar sus bazas. Pero aún es peor que el Tripartito se gaste un millón -de fondos públicos- en defender un texto que sólo prosperará si se modifica a fondo.