El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, del deseo a la realidad

La Carta Municipal de Barcelona, aprobada por el Parlament en 1998, incorporó la constitución de consorcios entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la planificación y la gestión compartida de recursos en materia de educación, salud, vivienda y servicios sociales. La idea de fondo era clara. Barcelona afirmaba con nitidez su voluntad y capacidad para desarrollar, con criterios de proximidad, una potente dimensión municipal de bienestar. La Generalitat, por su parte, no podía ni debía quedar al margen del modelo social que se iba a construir en la capital del país. Los consorcios de educación, salud y vivienda arrancaron, no sin problemas, durante el pasado mandato municipal. El de servicios sociales se resistió. La falta de voluntad política y la desconfianza del Gobierno de CiU hacia el mundo local, y en especial hacia Barcelona, sumadas a la gran complejidad interna del sistema de servicios sociales y a la fragilidad normativa y económica de éstos, frustraron los repetidos intentos de fraguar el consorcio. Tampoco se consiguió acordar la necesaria ampliación de la red de equipamientos sociales de la ciudad.

El consorcio nace para programar y gestionar de forma conjunta el abanico de servicios de atención social

Hoy podemos afirmar que las cosas han cambiado en sentido positivo. El Gobierno catalanista y de izquierdas, el fortalecimiento de la prioridad de atención a las personas en Barcelona y las voluntades políticas respectivas de sumar esfuerzos de manera concertada constituyen los factores que explican el acuerdo de constitución del Consorcio de Servicios Sociales, anunciado hace unos días por la consejera Anna Simó y el alcalde, Joan Clos. Tras siete años, la tan esperada puesta en marcha del Consorcio no implica ningún final de trayecto. Todo lo contrario: adquiere sentido en cuanto punto de arranque hacia cambios en las políticas sociales, cuyo único objetivo de fondo es la mejora del bienestar cotidiano de todas las personas, y en el avance, por tanto, hacia una ciudad más inclusiva y solidaria. Es momento también de reconocer y agradecer el trabajo callado y riguroso llevado a cabo por los equipos técnicos y gerenciales de ambas instituciones, así como la comprensión y el apoyo crítico mostrados por un tejido asociativo y comunitario que nos empuja en todo momento a superar inercias.

El Consorcio de Servicios Sociales nace como un espacio integrado de planificación de todo el sistema de servicios en el ámbito de Barcelona y como un instrumento de programación y gestión conjunta de un abanico importante de servicios de atención social especializada dirigidos a colectivos de mujeres e infancia en riesgo, y a personas con discapacidad y dependencia de raíz socio-sanitaria. Ejercerá también funciones de información a la ciudadanía y de evaluación de programas sociales. Todo ello en un marco de corresponsabilidad institucional -entre la Generalitat y el Ayuntamiento- en sus órganos de decisión. Se plantea, en síntesis, el interesante reto de cogobernar un espacio de generación pública de bienestar, orientado a hacer efectivos los derechos sociales de personas y colectivos socialmente vulnerables.

Pero quizá lo más destacable de todo sea que el consorcio nace en un contexto de esperanzas y realidades que no existía hace sólo algunos meses. Por una parte, la esperanza de que el nuevo Estatut sea aprobado en Madrid y apoyado por la ciudadanía de Cataluña para que pueda desplegar su magnífico potencial en el ámbito social. En el Estatut se dibuja un espacio de ciudadanía muyambicioso que, apoyado en un buen sistema de financiación, debe operar como garantía de avance hacia una ciudad y un país con justicia social y pobreza cero. Por otra parte, la realidad de compromisos de avance social ya adquiridos, en concreto el Plan Municipal para la Inclusión Social, aprobado en marzo, y el Convenio de Equipamientos Sociales de Barcelona, firmado el pasado mes de julio. El primero apuesta por una red fortalecida de atención social primaria que ya ha empezado a dar sus frutos (más trabajadoras sociales, teleasistencia, viviendas de inclusión, planes comunitarios). El segundo, por la expansión de la red de atención social especializada (centros de día, residencias asistidas, viviendas con apoyo, centros de acción educativa), con 50 equipamientos y más de 2.500 nuevas plazas públicas en la ciudad.

Todo ello, lejos de cualquier tentación de refugio en la retórica, confiere confianza y contenidos de partida al nuevo consorcio. Lejos también de cualquier visión acrítica y complaciente, sabemos que queda mucho camino por recorrer. La realidad compleja y cambiante de Barcelona se traduce hoy en dinámicas y riesgos emergentes de exclusión y pobreza, que reconocemos y afrontamos. El gobierno municipal seguirá trabajando duro por la inclusión social. Necesitamos, eso sí, el apoyo y los recursos -en mucha más medida- de los gobiernos de Cataluña y del Estado. Confiamos en ellos y en los avances que están impulsando, pero no cejaremos en demandar su implicación a fondo y tangible en el objetivo compartido de una Barcelona que debe sustentar su modelo de convivencia cívica en una base fortalecida de cohesión social.

Ricard Gomà es concejal de ICV-EUiA y responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.