La liquidación de las Cámaras urbanas acumula un retraso de nueve meses
El Gobierno acumula ya casi nueve meses de retraso en sus previsiones para liquidar las Cámaras de la Propiedad Urbana de las tres capitales. Aunque el cierre de esas entidades figura como un compromiso del tripartito, el proceso se está demorando. Los departamentos de Vivienda y Hacienda se comprometieron el pasado mes de febrero en el Parlamento a presentar el proyecto de decreto de liquidación.
Pero mientras llega ese decreto, las cámaras siguen gastando dinero para evitar su disolución, "en contra" de los intereses públicos, lo que está provocando el malestar en el seno del Gobierno. Por una parte, está el coste de los estudios jurídicos contra la disolución, previos a los recursos judiciales, y posiblemente los gastos de la defensa jurídica una vez presentados se van a hacer con cargo a unos presupuestos que aprueba la institución que pretende liquidar las cámaras, el Gobierno. Por otro lado, la Cámara de Vizcaya ha organizado una campaña publicitaria para captar socios. El Ejecutivo baraja la paralización de los presupuestos de las tres cámaras y habilitar sólo los créditos para personal y gastos corrientes.
